Ordenaron la Inhibición de bienes del líder del Polo Obrero

El juez federal Sebastián Casanello ha ordenado la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, quien fue citado a indagatoria en una causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a planes sociales. Esta decisión judicial forma parte de una serie de medidas que también afectan a otros 23 acusados, cuya citación a indagatoria comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 25 del mismo mes, cuando será el turno de Belliboni.

La investigación se centra en una supuesta extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, administrado por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, los acusados exigían dinero a los beneficiarios, cobraban por la entrega de alimentos recibidos gratuitamente del Gobierno, y obligaban a las personas a participar en movilizaciones bajo amenazas de perder la ayuda estatal. Además, se sospecha del uso de facturas falsas y gastos simulados para desviar fondos públicos a actividades partidarias.

Belliboni, representado por la abogada Liliana Alaniz, se presentó ayer en la causa. La inhibición de bienes también incluye a otros miembros de la organización, como Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, y varios más. Esta medida preventiva busca asegurar que los acusados no dispongan de sus bienes mientras avanza la investigación.

La causa se originó a partir de denuncias anónimas recibidas por el número 134 del Ministerio de Seguridad, habilitado en diciembre pasado coincidiendo con una movilización de piqueteros. De las denuncias, 45 se centraron en la Capital Federal, permitiendo a las autoridades localizar a siete denunciantes, cinco de los cuales accedieron a declarar.

Con los allanamientos y la información recolectada, el juez Casanello considera acreditado preliminarmente que los fondos del programa Potenciar Trabajo fueron manejados de manera indebida. Esta conclusión se basa en la evidencia de facturación apócrifa y la simulación de gastos, con el uso de firmas como "Ediciones e Impresiones Rumbos SRL" y "Coxtex SA" para disfrazar el uso real de los fondos.

El juez resaltó que estos fondos, canalizados a través de diversas personas jurídicas, fueron utilizados para obtener beneficios particulares, mezclando lo público con lo privado para financiar actividades partidarias. La maniobra, según la resolución, incluyó la exigencia de asistencia a marchas y aportes monetarios bajo amenaza de perder la ayuda estatal.

Esta decisión marca un paso significativo en la investigación de una red de presuntas extorsiones y fraudes que afecta a numerosos beneficiarios de planes sociales en una de las organizaciones piqueteras más influyentes del país.