"El 50% de los beneficiarios de pensiones por discapacidad no se presentó a las auditorías"

Graves irregularidades salieron a la luz en el otorgamiento de pensiones por discapacidad en distintas provincias del país luego de una serie de auditorías realizadas por el Gobierno nacional. El titular regional del ANSES en Chaco, Alfredo "Capi" Rodríguez, denunció que la mitad de los beneficiarios convocados a auditorías no se presentó, lo que evidencia fraudes sistemáticos en la gestión de estos beneficios.  

Las auditorías revelaron que de 2344 casos, solo 365 cumplían los requisitos en el Chaco

"El 50% de las personas convocadas no se presentaron a las auditorías médicas. Eso ya te da un dato claro: no cumplían con las condiciones necesarias", indicó Rodríguez. Además, agregó: "Nos encontramos con situaciones absurdas, como personas con beneficios por amputaciones inexistentes y hasta radiografías presentadas de perros. Esto muestra el nivel de fraude que existió durante años".  

La investigación, que cuenta con la colaboración de la justicia y de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se centra en depurar el sistema para asegurar que las pensiones lleguen únicamente a quienes realmente las necesitan. Según Rodríguez, "lo más lamentable es que las personas con verdaderas discapacidades no acceden a los beneficios por culpa de estas irregularidades".  

El titular del ANSES apuntó directamente a gobiernos anteriores por el uso político de estos subsidios: "El kirchnerismo utilizó estas pensiones como una herramienta de captación de votos y de esclavización de personas. Había una cadena de complicidades dentro de Andis y otros estamentos del Gobierno Nacional".  

En este sentido, recordó que durante la gestión de Mauricio Macri se intentó dar de baja algunos beneficios sospechosos, pero una medida judicial obligó a reincorporar a los beneficiarios. "Lo que estamos haciendo ahora no es una caza de brujas, sino una depuración. Queremos que este dinero llegue a quienes realmente lo necesitan", enfatizó.  

Rodríguez también remarcó el perjuicio fiscal que estos fraudes ocasionaron al país. "Estamos hablando de 3.600 millones de dólares mal administrados. Esto tuvo un impacto directo en la inflación y en la situación económica actual", señaló. Asimismo, hizo referencia al rol del Estado en la fiscalización: "No fue un error administrativo, hubo complicidades que permitieron que esto suceda".  

La provincia de Chaco, una de las más afectadas, presenta elevados índices de pobreza y desnutrición infantil, situación que Rodríguez calificó como "el resultado final de la mala política". En relación a esto, agregó: "La mala política mata. Es una vergüenza que personas sin discapacidades reales reciban estos beneficios mientras quienes los necesitan quedan afuera".  

La investigación inició en el distrito que responde al fiscal Amat y abarca tanto localidades del interior de la provincia como la capital, Resistencia. Rodríguez hizo un llamado a otros fiscales para que investiguen de oficio en sus jurisdicciones correspondientes.  

"Es hora de terminar con estos abusos. Queremos que las pensiones lleguen a las personas que realmente tienen el 70% de discapacidad exigido por la ley", concluyó Rodríguez.