El Gobierno busca frenar los "piquetes aéreos" y apunta contra Intercargo: "tiene que dejar de existir"
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, anticipó medidas drásticas contra la empresa estatal y acusó a sus gremios de ejercer una "extorsión" en los aeropuertos, tras una jornada de caos con demoras y cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza.
El Gobierno anunció que prepara un conjunto de acciones para poner fin a los conflictos en los aeropuertos argentinos, en particular los denominados "piquetes aéreos" que se manifestaron en una jornada caótica en Aeroparque y Ezeiza. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que los trabajadores de Intercargo, empresa estatal que presta servicios de asistencia en los aeropuertos, llevaron a cabo una medida sorpresiva que ocasionó importantes demoras y cancelaciones, afectando a miles de pasajeros. Para Bullrich, estos conflictos representan una "extorsión" y adelantó que la situación se resolverá en los próximos días con decisiones "muy importantes".
El Gobierno envió un ultimátum a los gremios: Si no presentan un plan viable, la empresa podría cerrar
La polémica surgió a raíz de una denuncia contra la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), sindicato que agrupa a sus trabajadores, ante la Justicia. Según la denuncia, durante la medida de fuerza los pasajeros de diez vuelos fueron impedidos de descender de los aviones, situación que calificaron como privación ilegítima de la libertad. La protesta, motivada por el despido de un trabajador, generó indignación entre los pasajeros que permanecieron encerrados en las aeronaves sin acceso a servicios básicos, y provocó además la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para facilitar el desembarco.
Bullrich comparó la situación actual con la política de "liberar las calles", afirmando que se busca implementar el mismo enfoque para evitar que estos conflictos gremiales se extiendan a los aeropuertos. La funcionaria señaló que "Intercargo tiene que dejar de existir" debido a lo que considera prácticas corruptas y mafiosas dentro de la empresa, que han afectado el normal funcionamiento de los aeropuertos durante años. Además, el Gobierno ha emitido un ultimátum a los gremios aeronáuticos, advirtiendo que si no presentan un plan de acción para evitar futuros conflictos en Aerolíneas Argentinas, la empresa podría ingresar en un Plan Preventivo de Crisis.
Por otro lado, el secretario general de APA, Edgardo Llano, justificó la medida argumentando que la empresa no respondió a sus intentos de comunicación previos a la protesta, y rechazó las acusaciones de haber privado de su libertad a los pasajeros. Desde el gremio, afirman que los pasajeros no estuvieron "de rehenes", y criticaron la intervención judicial como una exageración que los compara injustamente con organizaciones extremistas. Llano, conocido por su vínculo con sectores políticos del kirchnerismo, enfrenta ahora una investigación por presuntos delitos de extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.
La denuncia judicial presentada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Bullrich, agrega que la situación afectó a más de 2.200 pasajeros, entre ellos mujeres embarazadas y menores de edad, quienes soportaron más de dos horas de espera en condiciones inadecuadas. Fuentes oficiales indicaron que el reclamo incluirá pruebas adicionales suministradas por la PSA, así como testimonios de pasajeros perjudicados.
