Veto al financiamiento universitario: "La opción que no existe es no recortar nada"

El reciente veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario ha generado una oleada de reacciones en distintos sectores de la sociedad. No es una sorpresa, dado que este es un tema que toca fibras sensibles en Argentina, especialmente en lo que respecta a la educación pública. Sin embargo, es fundamental analizar el trasfondo de esta medida y poner en perspectiva las circunstancias que han llevado al gobierno a tomar esta decisión.

Lo primero que debemos entender es que la situación fiscal del país no permite dilatar más los ajustes. El gobierno ha dejado claro que su prioridad es alcanzar el déficit fiscal cero, un objetivo que resulta ineludible si queremos poner en orden nuestras cuentas públicas. Lamentablemente, en el debate público parece haberse instalado la idea de que siempre es posible gastar más sin que esto tenga consecuencias. Muchos parecen creer que el presupuesto es una fuente inagotable, una suerte de canilla que se puede abrir sin fin para atender todas las necesidades. Pero, en realidad, esto es una falacia. En cualquier administración, sea personal o estatal, si uno gasta más en un área, necesariamente debe recortar en otra. No existe la opción de no ajustar nada. La pregunta que realmente deberíamos hacernos es: ¿a qué le vamos a recortar? Porque si no es en la educación universitaria, ¿entonces qué vamos a sacrificar? ¿La seguridad? ¿La salud? ¿Las jubilaciones?

El debate sobre el financiamiento universitario ha sido, además, un terreno fértil para sobreactuaciones. Las movilizaciones masivas que vimos recientemente son, en su mayoría, genuinas, pero no podemos obviar que muchos de los que protestan tienen intereses directos en la cuestión: rectores, docentes, gremios, todos buscan proteger su propio salario y presupuesto. Esto no es incorrecto, pero es importante no perder de vista que lo que está en discusión no es la educación pública en sí, sino cómo se administra y se financia.

La idea de que la universidad pública está en peligro es simplemente falsa. La educación superior en Argentina no ha venido de una situación idílica. No somos Suiza. Tenemos universidades transparentes y otras que no lo son tanto. Y, en muchos casos, hay una clara resistencia a la transparencia. ¿Por qué no podemos auditar cómo se manejan los fondos públicos en estas instituciones? ¿Por qué no pueden las universidades ser proactivas en mostrar cómo se gastan los recursos que provienen de los contribuyentes? Este es un aspecto que debería estar en el centro del debate, pero que muchos prefieren evitar bajo la excusa de la autonomía universitaria.

La discusión de fondo no es "universidad pública sí o no", sino cómo hacer que el sistema funcione de manera eficiente y responsable. El miedo que algunos intentan instalar en la sociedad, sugiriendo que el veto de Milei podría significar el fin de la universidad pública, es una distorsión deliberada de la realidad. Se está usando un argumento emocional y sensacionalista para desviar la atención del verdadero problema: cómo manejamos el dinero público. Y, por supuesto, todo esto está atravesado por intereses políticos. No seamos ingenuos. Hay un claro aprovechamiento político en este debate.

Lo que realmente deberíamos estar discutiendo no es si vamos a financiar la universidad pública, sino cómo lo vamos a hacer de manera efectiva. Es inevitable que, con un presupuesto limitado, tengamos que tomar decisiones difíciles. No hay magia en esto. Si se recorta en un área, habrá que encontrar de dónde sacar los fondos. Y el gobierno, en caso de no contar con los números necesarios en el Congreso para mantener su veto, ya ha demostrado estar preparado para un plan B. Pero lo que está claro es que el gasto público debe ser manejado con responsabilidad, y eso implica hacer ajustes dolorosos, pero necesarios. La realidad económica no permite otra cosa.