El Gobierno espera hoy una nueva marcha universitaria mientras el Congreso busca frenar el veto de Milei
Marcha Federal Universitaria pone a prueba la política de ajuste del gobierno libertario
La comunidad universitaria argentina se prepara para una nueva Marcha Federal este miércoles, que promete superar en convocatoria a la anterior. El motivo principal es el rechazo al inminente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, aprobada recientemente por el Congreso. La movilización, organizada por diversos gremios docentes y estudiantiles, cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones políticas, sociales y sindicales.
El gobierno, por su parte, mantiene su postura criticando la falta de auditorías en las universidades y cuestionando el costo que representan los estudiantes extranjeros. Manuel Adorni, vocero presidencial, argumentó que el Ejecutivo no se opone al reclamo, sino a la sanción de leyes sin partida presupuestaria. Mientras tanto, las negociaciones entre funcionarios y gremios docentes continúan hasta último momento, aunque sin lograr un acuerdo satisfactorio sobre los reclamos salariales.
En el Congreso, la oposición trabaja para reunir los votos necesarios que permitan rechazar el veto presidencial. Representantes de diversos bloques, incluyendo la UCR, Unión por la Patria y partidos provinciales, han expresado su apoyo a la marcha y su compromiso de votar contra un eventual veto. El oficialismo, por su lado, busca sumar voluntades para defender la decisión del presidente, reconociendo que aún no cuenta con los consensos necesarios en ninguna de las dos Cámaras.
La jornada de protesta comenzará a las 14:00 horas con concentraciones en distintos puntos cercanos al Congreso. El acto central está previsto para las 17:00 horas, donde representantes estudiantiles y gremiales leerán un documento conjunto. Las autoridades han autorizado el uso del espacio público, pero han establecido pautas para el ingreso de manifestantes y la posterior normalización del tránsito. La resolución de este conflicto podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el gobierno de Milei y el sector educativo superior.
