Tras el conflicto en Aerolíneas, el Gobierno avanza con la desregulación aeronáutica y la entrada de empresas extranjeras
Frente a las tensiones con los gremios, se aceleran las normativas para atraer a empresas internacionales como Gol, Avianca y Latam. El decreto final saldrá el lunes.
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El Gobierno nacional está ultimando detalles para completar la desregulación del sector aeronáutico, con el objetivo de permitir que más compañÃas extranjeras operen en el paÃs. El lunes próximo, se publicará el decreto que habilitará la entrada de aeronaves y tripulación extranjeras sin las restricciones previas. Esta medida es parte de un proceso de apertura del mercado aerocomercial que se ha venido gestando en los últimos meses, en un contexto de conflicto creciente con los gremios de AerolÃneas Argentinas.
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El acelerado avance en la normativa responde a las recientes medidas de fuerza por parte de los trabajadores aeronáuticos, que han generado complicaciones en el transporte de pasajeros. Ante la amenaza de un paro nacional del sector, el Gobierno ha mantenido reuniones con directivos de diversas aerolÃneas extranjeras, como Gol y Avianca, para facilitar su entrada al mercado argentino. Se espera que otras compañÃas, como Sky y Latam, también se sumen en las próximas semanas.
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En paralelo, el Ejecutivo busca incentivar a las empresas extranjeras para que inicien rápidamente los trámites de habilitación. Si bien el proceso es más ágil gracias a la eliminación de audiencias públicas, las empresas deberán esperar un plazo de 30 dÃas para recibir la respuesta de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a menos que se active el principio de "silencio positivo", que autoriza tácitamente las operaciones si no hay respuesta oficial.
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Por otro lado, los gremios del transporte han mostrado una postura firme en rechazo a lo que consideran una privatización encubierta de AerolÃneas Argentinas. Representantes de varios sindicatos han amenazado con un paro general de transporte si no se atienden sus demandas salariales, mientras que el Gobierno defiende la medida como un mecanismo para garantizar el acceso al transporte aéreo frente a las protestas que reducen las operaciones.
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