Ueno Bank: Para la Fiscalía, Peña se podía fugar; y Carvallo, ocultar pruebas
Al momento de solicitar la prisión preventiva del destituido presidente Santiago Peña Palacios y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), la Fiscalía destacó el peligro de fuga con relación al primero y el peligro de obstrucción a la investigación, con relación al segundo, por sus actuaciones en el caso Ueno Bank.
Tras imputar al recientemente destituido como presidente de la República Santiago Peña Palacios y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding como consecuencia del escándalo derivado de la intervención a Ueno Bank, la Fiscalía solicitó expresamente al juzgado penal de Garantías que decrete la prisión preventiva de ambos.
Tras imputar al recientemente destituido como presidente de la República Santiago Peña Palacios y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding como consecuencia del escándalo derivado de la intervención a Ueno Bank, la Fiscalía solicitó expresamente al juzgado penal de Garantías que decrete la prisión preventiva de ambos.
En su exposición de motivos, los fiscales Christian M. Benítez Cáceres, Silvia Margarita González Vester, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez argumentaron que el exmandatario -procesado por la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio- cuenta con la suficiente solvencia para sustraerse de la justicia ordinaria.
Infraestructura transnacional podría facilitar la fuga de Santiago Peña
En ese sentido, afirman que Peña "mantiene vínculos corporativos internacionales a través de la sociedad matriz en el Gran Ducado de Luxemburgo, U Holding S.à r.l. (Registro RCS N.° B0280698), controlante del grupo bancario, en la cual su hermano, Francisco Peña Palacios, figura con 58 acciones mediante 22 contratos de cesión formalizados en 2024″.
"Esta infraestructura transnacional le otorga logística, residencias y cuentas fuera de la jurisdicción nacional. Igualmente, la posesión física y entrega en mano de aproximadamente US$ 200.000 en efectivo en la residencia de Mburuvicha Róga (junio de 2025) demuestra acceso inmediato a fondos líquidos no fiscalizados, aptos para financiar traslados o permanencia clandestina sin recurrir a cuentas locales bloqueadas", explican los fiscales, al resaltar el peligro de fuga existente.
Asimismo, destacan que los tipos penales imputados a Peña -administración en provecho propio y lesión de confianza- tienen en conjunto una expectativa de pena que puede llegar hasta 15 años de cárcel.
"La severidad inexcusable de la sanción esperada debilita el estímulo de sometimiento voluntario al proceso", afirman los fiscales.
Ex presidente del BCP suprimió informe clave y dictamen de alerta sobre Ueno
Con relación al Carvallo, los representantes del Ministerio Público destacan el rol clave que el mismo tuvo en los hechos irregulares investigados, al ocultar informes de fundamental importancia sobre la situación real de Ueno Bank.
"Carlos Dagoberto Carvallo Spalding el 7 de octubre de 2026 suscribió y remitió al Senado la Nota BCP/P N.° 016, en la cual suprimió deliberadamente del listado probatorio los informes técnicos que incriminaban la solvencia del banco (Informes N.° 006, 007, 010 y 013/2026, el dictamen de alerta de Fernando Rivarola del 10/07/2026 y el correo del 29/04/2026)", afirman los fiscales.
Conducta de Carvallo fortalece sospecha de peligro de obstrucción a la investigación
"El hecho de haber desplegado ya una conducta activa de ocultamiento de información esencial a un poder del Estado constituye la prueba más contundente del peligro procesal que prevé el art. 244, inc. 1 del CPP (destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba)", sostienen los investigadores, al descatar la existencia del peligro de obstrucción a la investigación.
El ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.
A la par de la medida restrictiva de libertad, la Fiscalía solicitó además que se decrete la inhibición de vender y gravar bienes contra ambos, así como la identificación e inmovilización de cuentas de los procesados en bancos, financieras y cooperativas de plaza.
