Cómo la ofensiva argentina por Malvinas sacudió a las petroleras y llegó hasta Israel

Hace una semana, Malvinas volvió a ocupar el centro de la conversación pública mundial, y lo hizo con una velocidad que pocas veces vimos en este tema. El jueves a la noche, el presidente Javier Milei habló por cadena nacional y ratificó, sin matices, la posición histórica argentina sobre la soberanía de las islas. No fue una declaración más: anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que avanzan con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina, y sumó un anuncio que venía dando vueltas hace tiempo, la construcción de una base naval en el sur.

Ese mensaje aprovechó una ventana de oportunidad que se había abierto en los días previos. Donald Trump había dejado caer, primero de manera extraoficial y después en público, que Estados Unidos podría reconsiderar su respaldo incondicional al Reino Unido en la disputa. Milei leyó esa señal y decidió que era el momento de instalar con fuerza el tema Sea Lion, el proyecto petrolero que las empresas Navitas y Rockhopper impulsan a 220 kilómetros al norte de las islas y que, según sus propios datos, tiene reservas probadas y probables de 314 millones de barriles, con recursos totales que rondan los 600 millones. Nada despreciable, y motivo suficiente para que el gobierno argentino diga que no está dispuesto a mirar para otro lado.

El viernes llegó la primera repercusión concreta: las acciones de Rockhopper cayeron con fuerza en la Bolsa de Londres, con bajas de hasta dos dígitos en la apertura y un cierre en torno al 6%. Fue la primera señal de que el mercado empezaba a tomarse en serio el nuevo tono de la Argentina.

El sábado se sumó otro dato que no es menor. Las tres compañías más grandes del mundo en servicios petroleros, SLB, Halliburton y Baker Hughes, salieron por decisión propia a anunciar que no tienen previsto participar en ningún proyecto de exploración ni explotación en Malvinas. Ninguna de las tres tenía planificado operar ahí, es cierto, pero que las tres, sin que nadie las obligara, lo dijeran públicamente es un gesto que fortalece la posición argentina y deja cada vez más solas a las petroleras que sí avanzan con Sea Lion.

El lunes el tablero se movió en una dirección que pocos esperaban. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, publicó en sus redes que había llegado la hora de que su país reconociera a Malvinas como territorio argentino ocupado y llamó a sancionar al Reino Unido. Un miembro del gabinete de Netanyahu poniéndose del lado argentino no es un dato menor, aunque tampoco hay que perder de vista que Israel tiene sus propias cuentas pendientes con Londres por la política británica hacia Gaza y Cisjordania. Puede ser las dos cosas a la vez: que a Israel le convenga castigar a los británicos y que, al mismo tiempo, ese castigo le sirva a la Argentina. Si el resultado nos beneficia, no tengo ningún problema en que lo usen.

En paralelo, el gobierno argentino no se quedó solo en el plano discursivo. El canciller Pablo Quirno impulsó una denuncia penal contra Navitas, que después se amplió a Rockhopper y a otras firmas vinculadas al proyecto, alcanzando a 27 directivos. Es una acción concreta, no un anuncio más, y muestra que la estrategia tiene un correlato judicial además de político y diplomático.

Ahora bien, ¿todo esto es genuino o es una utilización política de la causa Malvinas en un momento en el que las encuestas no le sonríen al gobierno? Mi respuesta es que las dos cosas no son mutuamente excluyentes. Es cierto que la decisión final de inversión de Navitas y Rockhopper se conoció en diciembre del año pasado y que el gobierno lo sabía desde entonces. También es cierto que hay un cambio de postura evidente en el propio Milei, que hace no tanto hablaba de seducir a los isleños y hoy directamente les niega el derecho a la autodeterminación, alineándose con la posición histórica argentina de que se trata de una población implantada. Ese giro es real y hay que decirlo con todas las letras. Pero también es real que el gobierno tiene una capacidad enorme para instalar agenda, y que lo que hizo con este tema, sea o no oportunista, tuvo un impacto internacional que pocas veces vimos.

Vale la pena recordar un dato que suele pasarse por alto. Naciones Unidas mantiene, desde 1961, un Comité de Descolonización que analiza los territorios en disputa en todo el mundo. Hoy quedan 17 casos abiertos. El Reino Unido es responsable de 10, más de la mitad. Estados Unidos tiene tres y Francia dos. Ese dato, más allá de la coyuntura de esta semana, es el que sostiene el reclamo argentino ante la comunidad internacional.

Lo que pedimos no es que el Reino Unido entregue las islas de un día para el otro. Lo que pedimos, y lo venimos pidiendo desde hace décadas con el respaldo de la ONU y de otros organismos multilaterales, es que se sienten a negociar. Esta semana, entre caídas de acciones, comunicados corporativos y declaraciones de un ministro israelí, la Argentina consiguió algo que hace tiempo no lograba: que el mundo vuelva a hablar de Malvinas.