La deuda trepó a $63.500 millones y dejó más de 100 despedidos
Carsa S.A., la firma que controla Musimundo, pasó de un concurso preventivo en 2018 con una deuda cercana a $900 millones a una quiebra con créditos concursales por $63.500 millones.
La quiebra de Carsa S.A., empresa controlante de Musimundo, dejó expuesta la magnitud de una crisis que se profundizó durante los últimos años y terminó con cierres de locales, despidos y una deuda que se volvió imposible de sostener. El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia dejó sin efecto el concurso preventivo que había autorizado en julio y dispuso directamente la quiebra, al considerar acreditados distintos hechos reveladores del estado de cesación de pagos.
El deterioro impactó de lleno en la estructura comercial de la cadena. En las últimas semanas cerraron alrededor de 20 sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, con más de 100 trabajadores afectados. En varios casos, según denunciaron empleados y representantes gremiales, las desvinculaciones se comunicaron verbalmente y quedaron pendientes salarios, indemnizaciones y, en algunos casos, la continuidad de la cobertura médica. En Corrientes, el abogado Gonzalo Sarabia explicó a N9 que más de 40 familias quedaron alcanzadas por la situación.
Los números muestran además hasta qué punto se agravó la situación financiera de la empresa. Carsa ya había recurrido a un concurso preventivo en 2018, cuando acumulaba una deuda cercana a los $900 millones. Ocho años después, el monto alcanzado por el proceso concursal ascendió a $63.500 millones, mientras que los pasivos bancarios rondaban los $3.060 millones. El Banco Nación figura entre los principales acreedores, con una acreencia cercana a los $1.549 millones. La compañía intentó desprenderse de parte de su estructura mediante negociaciones con On City y la transferencia de decenas de locales, pero esas operaciones finalmente no prosperaron.
Con la quiebra ya decretada, el escenario cambió también para los extrabajadores. Ahora deberán presentarse dentro del expediente comercial como acreedores laborales con privilegio y verificar los montos que reclaman por salarios, indemnizaciones y otros conceptos. La Justicia avanzará sobre los bienes disponibles de la compañía para determinar cómo se pagará a los acreedores, mientras la sindicatura deberá reconstruir el activo, el pasivo y las causas de la insolvencia. Para cientos de trabajadores del NEA, el cierre de Musimundo dejó así no solo una pérdida de empleo, sino también un largo proceso judicial para intentar recuperar lo que les corresponde.
