La mayor petrolera de servicios del mundo descartó toda actividad en Malvinas

SLB, la compañía de servicios petroleros más grande del mundo, comunicó que no participará en ninguna actividad vinculada a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos que las rodean. La decisión llegó dos días después de que el presidente Javier Milei anunciara, en una cadena nacional, un endurecimiento de las sanciones contra las empresas extranjeras que operen en el archipiélago.

La firma, que hasta 2022 se llamaba Schlumberger, tiene presencia en cerca de 100 países y sede central en Estados Unidos. En un comunicado difundido por su filial argentina, explicó que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en Malvinas o en sus aguas circundantes, y remarcó que aplicará de manera estricta la normativa vigente.

La postura de SLB se apoya en el Decreto 868/2026, que el Poder Ejecutivo publicó el viernes en el Boletín Oficial. La norma designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y dispuso que las empresas que soliciten ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deban presentar una declaración jurada en la que garanticen que ni ellas ni sus socios desarrollan actividades hidrocarburíferas no autorizadas en los espacios marítimos vinculados con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El anuncio se conoce en un contexto de mayor presión oficial sobre las compañías vinculadas al archipiélago. El viernes por la noche, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería había dispuesto el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas —de once países, entre ellos Reino Unido, Israel, Canadá y Estados Unidos— investigadas por participar, directa o indirectamente, en la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. La medida alcanza no solo a las empresas que desarrollan proyectos allí, sino también a sus accionistas, fondos de inversión y proveedores de servicios, un rol que asumiría SLB de involucrarse en alguno de esos emprendimientos.

En su discurso del jueves, Milei sostuvo que "las Malvinas son argentinas por historia y por derecho" y anunció, además del endurecimiento de las sanciones, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre soberanía nacional. El mandatario apuntó puntualmente contra el proyecto offshore Sea Lion, al que acusó de avanzar sin autorización argentina, y advirtió que no actuar generaría un incentivo para que el Reino Unido profundizara la ocupación de las islas y la explotación de los recursos del área.

Sea Lion es el yacimiento que motivó buena parte del paquete de medidas. Ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, su desarrollo está a cargo de Navitas Petroleum, de origen israelí, que opera el 65% del proyecto, y de la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión por US$1800 millones para la primera fase, con una producción inicial estimada en más de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para el primer trimestre de 2028.

Tras los anuncios de Milei, Navitas y Rockhopper emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron que operan bajo "licencias de petróleo válidas" otorgadas por el gobierno de las islas, un territorio de ultramar con autogobierno bajo administración británica, y que cuentan con el respaldo de Londres. Según indicaron, no prevén que los anuncios afecten el cronograma de desarrollo del proyecto, aunque esa evaluación corresponde a la posición de las propias empresas y no a un hecho verificado de forma independiente.

El caso de Navitas ya tenía un antecedente. En 2022, la Secretaría de Energía argentina había declarado ilegales sus actividades vinculadas a Malvinas y la inhabilitó por 20 años, en aplicación de la Ley 26.659, que impone restricciones a las empresas que participen —directa o indirectamente— de explotaciones hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental, y que también alcanza a quienes les presten servicios.

Para una compañía con la escala internacional de SLB, la definición tiene un correlato económico concreto: la firma mantiene una fuerte presencia en Vaca Muerta, donde trabaja junto a YPF —con quien en marzo firmó un acuerdo para sumarse al Instituto Vaca Muerta— y con Vista Energy, con la que mantiene un contrato de completación no convencional ampliado en 2024. La compañía también integra, junto a Capex y Trafigura, el desarrollo del área Agua del Cajón, cerca de la ciudad de Neuquén.

Ese vínculo con YPF tuvo un capítulo previo en Bandurria Sur, un área no convencional donde SLB había ingresado en 2017 con una participación del 49%, que vendió a comienzos de 2020 a Shell y Equinor. Recién en noviembre de 2024 la firma retomó una posición en el upstream de Vaca Muerta, mediante un acuerdo de colaboración técnica con Capex para desarrollar pozos en Agua del Cajón, a unos 28 kilómetros de Neuquén.

En ese esquema, cualquier participación de la compañía en Malvinas o en sus aguas circundantes podría exponerla a las mismas inhabilitaciones que hoy amenazan a los proveedores de Sea Lion, con penas de entre cinco y 20 años para operar en el país. Frente a ese escenario, SLB priorizó de manera excluyente su negocio en la Argentina continental.