La motosierra también llega a la Justicia: Milei busca achicar Comodoro Py y reducir el Estado judicial en todo el país
El Gobierno avanza con un rediseño profundo de la Justicia Federal: menos juzgados y cargos en Buenos Aires, mayor protagonismo de los fiscales y una posible redistribución de estructuras hacia las provincias y las fronteras. La reducción del Estado, una marca de la era Milei, parece comenzar a ingresar también en los tribunales.
La motosierra que Javier Milei convirtió en símbolo de su gestión parece estar llegando a uno de los últimos grandes territorios del Estado todavía pendientes de una reforma estructural: la Justicia.
El proyecto que prepara el Gobierno para achicar Comodoro Py no sería un movimiento aislado. La intención oficial de reducir de 12 a 10 —e incluso eventualmente a 8— los juzgados federales de instrucción, junto con una disminución de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, comienza a mostrar una lógica más amplia: menos estructura, menos cargos y una reorganización del denominado Estado judicial.
La transformación coincide además con la expansión del sistema acusatorio, que cambia de raíz el funcionamiento de la Justicia penal.
Con el nuevo modelo, los fiscales pasan a conducir las investigaciones y formular las acusaciones, mientras que los jueces cumplen principalmente funciones de garantía, juicio y revisión.
Esto implica algo más profundo que una simple reducción presupuestaria.
Si los jueces dejan de tener bajo su órbita grandes estructuras dedicadas a investigar cada expediente, el Gobierno considera que también puede disminuirse la cantidad de juzgados, reasignar empleados y flexibilizar las funciones de los magistrados.
En otras palabras, la motosierra no pasaría únicamente por eliminar cargos vacantes: también modificaría la forma en que funciona el sistema.
Menos Buenos Aires, más interior
Otro aspecto central del nuevo mapa judicial aparece lejos de Comodoro Py.
Mientras se estudia reducir estructuras en la Capital Federal, también existe la intención de fortalecer determinados sectores de la Justicia Federal del interior, particularmente en zonas sensibles para el narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y el crimen organizado.
De concretarse, el movimiento implicaría una redistribución de recursos: menos peso burocrático concentrado en Buenos Aires y mayor capacidad operativa en las provincias.
Esto resulta especialmente significativo para el norte argentino y las regiones fronterizas, donde desde hace años jueces, fiscales y fuerzas de seguridad reclaman mayores recursos frente al crecimiento de delitos federales cada vez más complejos.
Una motosierra diferente
La reducción del Estado fue una de las principales banderas de Milei desde que llegó al poder.
Ministerios, organismos, empresas públicas, contratos y estructuras administrativas fueron alcanzados por ese proceso. Ahora, la misma lógica parece comenzar a proyectarse sobre el Poder Judicial.
Aunque existe una diferencia fundamental: la Justicia es un poder independiente y gran parte de estos cambios necesariamente deberá pasar por el Congreso.
Por eso el verdadero alcance de la reforma dependerá de las leyes que consiga aprobar el Gobierno y del consenso que logre construir dentro del propio sistema judicial.
Pero el rumbo comienza a quedar claro.
Menos juzgados, menos cargos superiores, magistrados con funciones más flexibles, fiscales con mayor poder investigativo y una posible redistribución de recursos hacia el interior.
No parece tratarse solamente de achicar Comodoro Py.
Lo que comienza a discutirse es una reducción y reorganización mucho más profunda del aparato judicial federal.
La motosierra, que hasta ahora había recorrido buena parte del Estado argentino, también parece haber llegado a los tribunales.
