Diputados piden informes por un buque petrolero británico en Ushuaia
Diputados del Peronismo Federal reclamaron al Gobierno nacional que explique cómo se autorizó el ingreso, amarre y operación del buque petrolero VS PROMISE en Ushuaia. El pedido pone bajo cuestionamiento los controles ejercidos por Nación sobre un puerto que se encuentra intervenido por la ANPyN.
Diputados del Peronismo Federal presentaron un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique el ingreso, amarre y operación del buque petrolero VS PROMISE en el Puerto de Ushuaia, una terminal que actualmente se encuentra bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). La presentación apunta a conocer qué organismos autorizaron la maniobra, qué controles se realizaron y bajo qué criterios políticos, jurídicos y estratégicos se permitió la presencia de la embarcación.
El proyecto está firmado, entre otros, por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos, quienes solicitaron información a la Cancillería, el Ministerio de Economía, la ANPyN y otras dependencias nacionales. Entre los puntos requeridos figuran la fecha y hora de ingreso del buque, su itinerario completo, los puertos de procedencia y destino, el Estado de bandera y registro, las empresas involucradas y las actividades realizadas durante su permanencia en territorio argentino.
Cuestionamientos por soberanía y controles
Uno de los aspectos más sensibles del planteo es que el VS PROMISE está registrado en la Isla de Man, territorio dependiente de la Corona británica. Por ese motivo, los legisladores reclamaron saber si la Cancillería evaluó previamente las implicancias diplomáticas y estratégicas de permitir su operación en Ushuaia, teniendo en cuenta la disputa de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El pedido también deja expuesta una contradicción que los diputados buscan que el Ejecutivo explique: el Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia alegando razones de seguridad, transparencia, administración eficiente y resguardo del interés estratégico, pero ahora deberá aclarar qué controles aplicó frente al ingreso de una embarcación vinculada a una jurisdicción británica. La oposición pidió además conocer qué funcionarios de la ANPyN participaron de la decisión y qué comunicaciones se mantuvieron con Prefectura, Aduana, Cancillería y las autoridades fueguinas.
El Gobierno deberá explicar quién autorizó la operación
El proyecto reclama además conocer si el canciller Pablo Quirno fue informado o consultado antes del ingreso del buque, si intervino el área de Cancillería encargada de la Cuestión Malvinas y si se analizaron posibles vínculos societarios o comerciales entre las empresas relacionadas con la embarcación y actividades no autorizadas por la Argentina en los territorios bajo disputa. También se solicita determinar si correspondía aplicar la Ley 26.659 y otras normas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
Para los diputados firmantes, la administración nacional de una infraestructura de semejante relevancia geopolítica obliga al Ejecutivo a brindar explicaciones precisas sobre cada autorización adoptada. El pedido busca establecer si existieron controles suficientes y coordinación con Tierra del Fuego o si, por el contrario, una decisión tomada bajo administración nacional terminó generando nuevos interrogantes sobre soberanía, transparencia y manejo estratégico del principal puerto argentino de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida.
Por otro lado, el vocero presidencial Adrián Ravier negó que el ingreso del VS Promise implique una pérdida de soberanía y aseguró que el buque había cargado petróleo crudo en la cuenca de Cullen, dentro de Tierra del Fuego, antes de dirigirse a Ushuaia para tareas de aprovisionamiento. Según explicó, la embarcación no provenía de una zona bajo control británico ni realizaba actividades vinculadas con la explotación de recursos en la cuenca de Malvinas, por lo que consideró que la denominada Ley Gaucho Rivero no resultaba aplicable. "El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego", sostuvo Ravier, quien agregó que las autoridades fueguinas autorizaron su ingreso y las nacionales habilitaron el aprovisionamiento en el puerto.
