La caída de la natalidad es real, pero el aborto no tiene nada que ver
El presidente vinculó la caída de la natalidad y sus efectos sobre la fuerza laboral con la legalización del aborto. El economista y columnista repasa por qué se trata de un fenómeno mundial que antecede por décadas a esa ley, y advierte sobre el verdadero problema de fondo: la relación cada vez más desequilibrada entre trabajadores activos y jubilados.
El presidente Javier Milei volvió a instalar una idea que circula hace tiempo en ciertos sectores: que la Argentina tiene menos fuerza de trabajo porque hay menos nacimientos, y que eso, a su vez, es consecuencia de la legalización del aborto. El diagnóstico de fondo —que la economía necesita cada vez más gente que trabaje y cada vez hay menos— es correcto. La causa que le atribuye, no.
Conviene ordenar el problema. Existen dos conceptos centrales para entenderlo: la tasa de natalidad, que mide cuántos hijos tiene en promedio una mujer a lo largo de su vida, y la tasa de reemplazo, que es el piso necesario —generalmente 2,1 hijos por mujer— para que una población no empiece a achicarse con el tiempo. Hoy, en más de dos tercios de los 195 países del mundo, la natalidad está por debajo de ese piso. Es un fenómeno que arrancó hace 60 o 70 años y que se profundizó fuerte en la última década, hasta el punto de invertir por completo el escenario que describía el biólogo Paul Ehrlich en su libro "La bomba poblacional", allá por los años 60 y 70: entonces se temía que el mundo no pudiera alimentar a tanta gente. Hoy el temor es exactamente el opuesto.
Los motivos detrás de esta baja son múltiples y se repiten en casi todo el planeta: parejas que se forman más tarde, mayor incidencia del divorcio, trabajos cada vez más inestables, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, un uso del tiempo cada vez más volcado a las pantallas y las redes en detrimento de la vida social, y el costo creciente de acceder a una vivienda propia. Ese combo, no una ley en particular, es el que explica por qué cada vez nacen menos chicos en el mundo.
Responsabilizar a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sancionada hace apenas seis años, es forzar demasiado la explicación. Incluso en el escenario hipotético de que esa ley no existiera y hubieran nacido más chicos, esos chicos hoy tendrían seis años: no forman parte, ni podrían formar parte, de la población económicamente activa. Los propios datos oficiales tampoco acompañan el relato: según el Ministerio de Salud de la Nación, las interrupciones legales del embarazo pasaron de unas 73.500 en 2021 a cerca de 97.000 en 2022, pero después bajaron a alrededor de 69.000 en 2023 y no repuntaron. Si la incidencia del aborto viene cayendo, mal puede ser la explicación de un problema que se agrava.
¿Por qué entonces el Presidente insiste con esa relación? Creo que hay dos factores. El primero tiene que ver con la batalla cultural que Milei dice librar contra el progresismo y el feminismo: el aborto es, en ese esquema, una bandera del adversario, y confrontarlo le sirve para consolidar a su propia base política. El segundo tiene que ver con la economía real, que pese a las reformas estructurales sigue sin mostrar los resultados esperados. Buscar una explicación externa —y moralmente cargada— para ese estancamiento resulta, al menos políticamente, más cómodo que asumir otras causas.
El problema de fondo, mientras tanto, es otro y es serio: la relación entre trabajadores activos y jubilados. Hace cincuenta años, en el mundo había doce trabajadores activos por cada persona jubilada. Hoy esa cifra bajó a siete; en la Argentina es cinco, y si se mira solamente a los trabajadores formales registrados, apenas 1,5 por cada jubilado. Ningún sistema previsional resiste esa proporción de manera sostenida, y esto no es un problema argentino: es un fenómeno global que exige respuestas de política pública, no chivos expiatorios.
Esas respuestas, en la experiencia comparada, no pasan por restringir derechos ya conquistados sino por remover los obstáculos que hoy dificultan la decisión de formar una familia: subsidios para la crianza, facilidades de acceso a la vivienda, y también una política migratoria que sepa capitalizar a quienes vienen de países superpoblados. Es un fenómeno que ya empieza a verse, aunque todavía en pequeña escala, en el sentido inverso: familias europeas que eligen instalarse en la Argentina y tener hijos acá porque encuentran un sistema de salud gratuito que en sus países de origen ya no existe o resulta carísimo.
Nos indignamos porque cada vez se tienen menos hijos, pero como sociedad no siempre generamos las condiciones para que esa decisión sea posible. Y hay algo más que conviene señalar sin hipocresía: el propio Presidente no tiene hijos, y buena parte de su gabinete tampoco. Antes de convertir la natalidad en un capítulo más de la batalla cultural, valdría la pena poner el relato y la realidad en la misma sintonía.
