El Ejecutivo frenó, por el momento, el plan para que la ANSES financie las hipotecas

El Gobierno nacional no prevé avanzar en el corto plazo con el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios, pese a que la alternativa fue expuesta días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. Fuentes oficiales confirmaron que el proyecto sigue bajo revisión, pero que todavía no existe una definición para ponerlo en marcha.

"Hoy no está a la vista en el corto plazo, aunque el tema sale cada tanto", señalaron desde la Casa Rosada. En otros despachos del Gobierno coincidieron en que la propuesta continúa en análisis y remarcaron que restan resolver dificultades jurídicas y financieras. "Legalmente es complejo", reconocieron las mismas fuentes.

El propio Caputo había confirmado el 13 de agosto que el Ministerio de Economía trabaja junto con la cartera de Capital Humano, el FGS y las entidades bancarias en un mecanismo para que el fondo previsional coloque depósitos a largo plazo en los bancos. La propuesta no contempla que la ANSES compre directamente las hipotecas de los particulares, sino que las entidades compitan por esos recursos a través de las tasas que estén dispuestas a ofrecer.

La iniciativa apunta a resolver el desajuste entre los plazos a los que los bancos prestan y se financian. Mientras una hipoteca puede extenderse entre 20 y 30 años, buena parte de los depósitos del sistema vence en plazos mucho más cortos. El esquema permitiría que el FGS coloque fondos a dos, tres o cinco años para darles a las entidades una fuente de financiamiento más estable.

Según el último informe oficial de ANSES, el FGS cerró junio con una cartera valuada en US$79.232 millones. De ese total, el 77,7% estaba invertido en títulos públicos nacionales, el 14,3% en acciones y el 3,5% en proyectos productivos o de infraestructura, mientras que las disponibilidades representaban apenas el 0,3%.

Los plazos fijos ya forman parte de esa cartera: a junio, el fondo tenía US$1.247 millones colocados en ese instrumento, equivalentes al 1,6% de sus activos. La cifra había subido desde los US$750 millones de marzo y acumulaba un incremento del 172,9% en lo que va de 2026, por lo que el proyecto oficial no requeriría crear una categoría de inversión nueva sino ampliar una que el fondo ya utiliza.

La normativa vigente tampoco establece una prohibición general: la Ley 24.241 permite invertir hasta el 30% de los activos del FGS en depósitos a plazo fijo, siempre que las decisiones se ajusten a criterios de seguridad y rentabilidad. Con la valuación de junio, ese límite equivaldría en teoría a unos US$23.800 millones, aunque esa cifra no implica que todo ese volumen esté disponible para el programa.

La complejidad aparece a la hora de instrumentar el mecanismo. El FGS deberá definir una operatoria que permita extender las colocaciones actuales a dos, tres, cuatro o cinco años y adjudicarlas mediante un proceso competitivo entre bancos. El Comité Ejecutivo del fondo tendrá que fijar los criterios de seguridad, rentabilidad y plazo, y aprobar cada operación.

El diseño definitivo deberá establecer qué entidades pueden participar, qué montos se licitan, qué vencimientos se ofrecen y bajo qué parámetros se comparan las tasas. Caputo había puesto como ejemplo que un banco pueda ofrecer una tasa UVA más un adicional para un depósito a dos años y un rendimiento distinto para uno a cinco, aunque esas condiciones todavía no están cerradas.

La tasa de interés aparece como uno de los puntos más sensibles del esquema. Los bonos en pesos ajustados por CER representan por sí solos el 44,3% de toda la cartera del FGS, y otro 7,4% está invertido en títulos atados a la TAMAR. Quienes manejan el fondo deberán justificar que destinar recursos a varios años en depósitos bancarios ofrece una relación de rentabilidad, plazo y riesgo comparable a la de las demás alternativas disponibles.

El margen efectivo para avanzar tampoco surge de manera automática del tope legal del 30%: casi ocho de cada diez dólares del fondo están hoy invertidos en títulos públicos y las disponibilidades eran de apenas US$224 millones en junio. Para ampliar de forma significativa los plazos fijos, la administración deberá definir qué posiciones reasigna, cuáles deja vencer o qué nuevos flujos destina a las colocaciones bancarias.

En el Ejecutivo admitieron además una fuerte cautela en torno a la responsabilidad de los funcionarios que deban aprobar la operatoria. "El problema con el FGS es que nadie quiere firmar nada", expresaron las fuentes consultadas, en referencia a los antecedentes de judicialización que atravesaron distintas gestiones por decisiones vinculadas a los activos previsionales.

Esos antecedentes incluyen una denuncia de 2009 por operaciones con Préstamos Garantizados que alcanzó a Amado Boudou, Diego Bossio y Sergio Chodos, y una presentación de 2017 en la que Elisa Carrió, Fernando Sánchez y Fernanda Reyes denunciaron por presunta administración fraudulenta a integrantes del Comité Ejecutivo que condujo el fondo entre 2010 y 2015, entre ellos Bossio, Axel Kicillof, Hernán Lorenzino y Emmanuel Álvarez Agis. También durante la gestión de Mauricio Macri se presentaron denuncias contra funcionarios de ANSES y del Comité Ejecutivo por el manejo de activos del FGS. Ninguno de esos casos implicó que las decisiones investigadas fueran finalmente consideradas ilegales, aunque refuerzan dentro del Gobierno la necesidad de sostener cualquier nueva operatoria con fundamentos técnicos y jurídicos sólidos.

Por ahora, la iniciativa permanece bajo revisión y sin fecha prevista de implementación. En el Gobierno remarcan que la legislación vigente no prohíbe el mecanismo, pero que todavía resta definir cuánto dinero se utilizará, por cuánto tiempo, a qué tasas y bajo qué procedimiento. El objetivo oficial es lograr una fórmula que genere fondeo de largo plazo para ampliar los créditos hipotecarios sin comprometer la rentabilidad del FGS ni exponer la operatoria a futuros cuestionamientos.