El Gobierno busca reformar el empleo público y negocia cambios en ingresos, ascensos y salarios

El Gobierno nacional avanza en una reforma del empleo público y busca abrir una negociación con los gremios estatales para modificar el régimen de carrera dentro de la administración nacional. La iniciativa apunta a cambiar las reglas de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y remuneraciones, y el Ejecutivo pretende impulsar el nuevo esquema antes de fin de año, aunque admite que su aplicación dependerá de acordar modificaciones en el convenio colectivo vigente.

En el Ejecutivo sostienen que la reforma puede instrumentarse por vía administrativa y que, en principio, no requiere una ley específica, aunque reconocen que antes deberán modificarse aspectos del convenio colectivo general. "Requiere cambiar el convenio, así que estamos lejos", admiten en Nación. La negociación formal todavía no comenzó.

Desde ATE aseguran que, hasta el momento, no recibieron una convocatoria para discutir cambios en la carrera de la Administración Pública central. "Sólo han convocado a discutir los convenios colectivos de organismos del Estado que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, que se vieron alcanzados por la reforma laboral. El PAMI, ANSES, entre otros. No es el caso de la Administración Pública central", plantean desde el gremio.

El presidente Javier Milei volvió a instalar el tema al asegurar, en una entrevista reciente, que Sturzenegger trabaja en una reconsideración de la carrera del sector público. El planteo oficial es revisar la clasificación de los agentes estatales y establecer un esquema en el que el desempeño tenga una incidencia mayor sobre el desarrollo de la carrera y las remuneraciones.

Entre los puntos que analiza el Ejecutivo figuran los mecanismos de ingreso y permanencia, la forma de evaluar el desempeño, las condiciones para ascender, la movilidad entre áreas y la composición de los ingresos según funciones y resultados. También se revisan las reglas que pueden derivar en desvinculaciones. En el Gobierno aclaran que la letra fina todavía no está cerrada y que los cambios deberán ajustarse al marco legal vigente.

El empleo público nacional está regulado principalmente por la Ley 25.164, el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional —homologado por el decreto 214/2006— y, para buena parte de la planta estatal, por el convenio sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado mediante el decreto 2098/2008. La legislación vigente ya exige que el ingreso se realice mediante mecanismos de selección que acrediten idoneidad y que la carrera incorpore criterios de mérito, eficiencia y capacitación. Para acceder a la estabilidad, el régimen general contempla además un período de prueba de doce meses y evaluaciones satisfactorias.

También existe hoy una relación entre evaluación y ascenso: en el SINEP, la promoción de grado requiere acreditar tres evaluaciones no inferiores a "bueno" o dos calificaciones superiores, además de las actividades de capacitación correspondientes. Es decir, la discusión oficial no pasa por incorporar por primera vez evaluaciones de desempeño, sino por cambiar su funcionamiento y el peso que tienen dentro de la carrera administrativa.

El principal condicionante para avanzar es la negociación gremial. La Ley 24.185 establece que las condiciones laborales de los empleados de la Administración Pública Nacional se negocian entre el Estado y las asociaciones sindicales con personería gremial, a través de comisiones negociadoras generales o sectoriales. El propio convenio general dispone que la estructura de la carrera y el escalafón pueden ser materia de negociación colectiva sectorial, lo que explica por qué en el Gobierno hablan de una salida "administrativa" y no legislativa: cualquiera de las partes puede pedir la apertura de una comisión negociadora y, si hay acuerdo, éste queda plasmado en un acta que el Ejecutivo debe instrumentar dentro de los 30 días hábiles posteriores a la firma.

Ese camino, sin embargo, tiene límites. La Ley 25.164 fija derechos y garantías mínimos que no pueden reducirse mediante una negociación colectiva. Si la reforma que finalmente impulse el Ejecutivo pretendiera alterar aspectos reservados directamente a esa ley, ya no alcanzaría con modificar el convenio y debería intervenir el Congreso. Por ahora, el esquema que se maneja en Nación busca mantenerse dentro de las herramientas convencionales y reglamentarias.

El canal institucional para negociar ya está operativo: en las paritarias del SINEP realizadas este año participaron representantes de los ministerios de Desregulación, Jefatura de Gabinete y Economía por el Estado, y de UPCN y ATE por el sector gremial. Eso no implica que haya comenzado formalmente la negociación de esta reforma puntual, y las resistencias sindicales ya se habían manifestado incluso antes de que el Gobierno definiera el esquema actual: en febrero, ATE advirtió que cualquier modificación del convenio colectivo debía contar con participación sindical, mientras que UPCN evitó pronunciarse en ese momento sobre la iniciativa.

La reforma del empleo público avanza por un carril distinto al de la reforma del Estado que prepara el Ministerio de Desregulación, que contempla una revisión "integral" de organismos, competencias y estructuras para definir eliminaciones, fusiones o transformaciones, y que el Gobierno sí prevé enviar al Congreso. La separación entre ambas reformas tiene una explicación jurídica: la estructura orgánica de la Administración Pública y las facultades de dirección del Estado están excluidas de las materias sujetas a negociación colectiva, mientras que la estructura de la carrera, el escalafón y otras condiciones laborales sí pueden negociarse.