Se reabre el conflicto universitario: nuevo paro nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento
Los gremios denuncian un triple incumplimiento del Gobierno: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el desacato a la cautelar de la Corte Suprema y la demora en las partidas para hospitales universitarios. En Resistencia, la adhesión se expresará con un bocinazo al mediodía.

Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizan este miércoles un nuevo paro nacional en reclamo por tres incumplimientos que atribuyen al Gobierno: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el desacato al fallo de la Corte Suprema que ordena actualizar los salarios docentes y no docentes, y la demora en las partidas para los hospitales universitarios.
La medida fue impulsada principalmente por la Asociación Gremial Docente de la UBA (ADUBA), con el respaldo de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios de Docentes Universitarios (FAGDUT) y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), entre otras organizaciones. Para las 16 está prevista una convocatoria en la zona del Obelisco, impulsada por el área de Ciencia y Técnica de la UBA, que coincide en el horario con la marcha de jubilados frente al Congreso de la Nación.


En la región, la adhesión al reclamo también tiene su expresión propia: en Resistencia habrá un bocinazo al mediodía en la rotonda de Castelli y Las Heras, como forma de acompañar la medida de fuerza nacional.
El reclamo se apoya en un acuerdo alcanzado en junio entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fijó una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos: 21,33% en julio y 3% en octubre. Sin embargo, desde el sector docente sostienen que, respecto de lo pactado, resta aplicarse una diferencia cercana a los 30 puntos que todavía no se trasladó a los haberes.
La situación de los hospitales universitarios es otro de los ejes del conflicto. Si bien la UBA recibió 20 mil millones de pesos para sus hospitales, esa cifra representa apenas un cuarto de lo recibido el año anterior. El Gobierno se comprometió a transferir otros 20 mil millones adicionales, pero los gremios afirman que de los 50 mil millones acordados en junio —vinculados también al aumento salarial— no hay novedades. Según el reclamo sindical, esto afecta a establecimientos que atienden más de medio millón de consultas anuales.
El frente judicial también presiona sobre el Ejecutivo. La semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de la cautelar, después de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. El expediente volvió así al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida, que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización salarial y al financiamiento de becas y programas estudiantiles.
Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazó los reclamos y calificó la medida de "ilegítima" y de "carácter político". "No existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", sostuvo la cartera en un comunicado. El ministerio detalló transferencias por $666.823.011.021 en junio y $448.544.808.500 en julio en concepto de gastos de personal, además de dos resoluciones de 20 mil millones de pesos cada una para hospitales universitarios de la UBA. La próxima mesa paritaria fue convocada para el 1° de septiembre.
A pesar del paro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que la institución mantendrá sus puertas abiertas: "La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente", señaló.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, defendió la medida de fuerza: "Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno [...] aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde", afirmó.
El próximo 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley, fecha para la que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales prevé una nueva jornada de visibilización. Según pudo confirmarse, además, los gremios ya anticiparon una nueva medida de fuerza para la semana del 18 al 22 de agosto si el reclamo continúa sin resolverse. El debate tendrá otro capítulo el 4 de septiembre, cuando el CIN celebre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los temas centrales.
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