El crédito fintech se duplicó: explica el 40 % de financiamiento en familias

El crédito fintech se consolidó como una de las principales vías de acceso al financiamiento formal en la Argentina y ya concentra a casi cuatro de cada diez personas con un préstamo vigente, según el Informe de Crédito Fintech elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) junto a la Cámara Argentina Fintech. El estudio mostró que en los últimos dos años la base de clientes del segmento pasó de 3,7 a más de 8 millones de usuarios, en simultáneo con un salto en la cantidad total de personas con acceso al crédito formal, que trepó de 16 a más de 21 millones.

El fenómeno reabrió el debate sobre la calidad de esa expansión. El informe precisó que la mora operativa —atrasos de entre 30 y 360 días— se estabilizó en torno al 23% desde noviembre de 2025, aunque la morosidad total continúa en aumento por el arrastre de deudas incobrables de larga data. Se trata, en su mayoría, de créditos de menor monto otorgados a perfiles de riesgo que el sistema bancario tradicional suele dejar afuera, como trabajadores informales, monotributistas y personas sin antecedentes en la Central de Deudores.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, el crecimiento de la morosidad es consecuencia directa del propio aumento del crédito: sostiene que, en el proceso en que los bancos "volvieron a actuar de bancos", también se otorgaron préstamos de mala calidad. Los datos del informe matizan esa lectura, ya que buena parte de la cartera irregular —cercana al 30% del total— corresponde justamente al segmento fintech, orientado a los sectores más vulnerables del mercado crediticio.

Según la Fundación Mediterránea, el sistema de crédito formal argentino se divide en entidades financieras —bancos, compañías financieras y cooperativas, bajo supervisión directa del Banco Central (BCRA) y con capacidad de captar depósitos— y proveedores no financieros de crédito, que se fondean con capital propio y operan bajo un marco regulatorio menos exigente, aunque también deben registrarse ante la autoridad monetaria. Las fintech pertenecen a esta segunda categoría y se distinguen por un esquema íntegramente digital, donde la solicitud, la verificación, el otorgamiento y el cobro del préstamo ocurren en plataformas tecnológicas, con modelos de evaluación de riesgo que incorporan fuentes alternativas como el comportamiento transaccional o el pago de servicios.

Frente a los reclamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revertir el cuadro de morosidad, en el Gobierno respaldan la postura del presidente Javier Milei, quien remarcó que nadie obligó a quienes tomaron créditos que hoy no pueden afrontar. Días atrás, en una conferencia de prensa del BCRA, el propio Bausili había definido la baja de la mora general como un "punto de inflexión". Ahora, sobre este informe puntual, el titular de la entidad monetaria calificó el problema como una cuestión entre privados en la que el Estado no debería intervenir: "Vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselo a otros. En todos esos casos se dispara el riesgo moral", sostuvo, y agregó que la intervención estatal en una relación entre privados "típicamente es torpe y acarrea consecuencias no deseadas".

Bausili remarcó además que los propios bancos prefieren que el Estado no se involucre en la resolución del problema. No obstante, la discusión pública sobre la morosidad se intensificó en los últimos días en un contexto de recesión y de crecientes expectativas sobre una eventual intervención estatal. El economista Carlos Rodríguez, exasesor del presidente Milei, planteó en la red social X que una intervención de ese tipo implicaría, a su juicio, un reconocimiento de la derrota del modelo económico liberal, con impacto negativo sobre la imagen del Gobierno de cara a las elecciones de 2027.

Según Rodríguez, una recuperación económica sólida —en particular entre los propios deudores— facilitaría el pago de las deudas en mora, aunque describió el escenario actual como complejo, con la recesión, la morosidad y las expectativas retroalimentándose entre sí. El economista también advirtió que la situación cambiaria suma complejidad al panorama y que no encuentra una salida a partir de instrumentos de política económica convencionales.

Desde el Ieral, de la Fundación Mediterránea, se planteó una lectura distinta del fenómeno: el aumento de la morosidad no respondería a un exceso de endeudamiento, dado que la Argentina mantiene uno de los sistemas financieros más pequeños de la región, con una relación de crédito sobre PBI cercana al 13%. En ese sentido, la consultora Econométrica calculó que impuestos como el IVA e Ingresos Brutos elevan en más de 43 puntos porcentuales el costo financiero efectivo anual de los créditos, que pasaría de 79% a 122,7 por ciento. Para ese estudio, eliminar o reducir esa carga tributaria, con bajo impacto fiscal, permitiría catalizar una mejora en la morosidad de las familias y potenciar una nueva expansión del crédito y del consumo interno.

En la misma dirección, el Ieral remarcó que buena parte del monto de los intereses que pagan los deudores no responde al costo de fondeo, al riesgo financiero ni a los gastos de intermediación de las entidades, sino a la incidencia directa de los tributos que gravan la actividad crediticia.