Milei pierde apoyo entre aliados y deberá reconstruir acuerdos para sostener su agenda legislativa
El tratamiento de la ley de propiedad privada dejó expuestas diferencias entre el oficialismo, gobernadores y bloques dialoguistas. La reforma del Banco Central, el Presupuesto 2027 y otros proyectos aparecen ahora condicionados por un escenario parlamentario más adverso.

El Gobierno nacional enfrenta un escenario legislativo más complejo luego del tratamiento en el Senado de la denominada ley de propiedad privada, donde logró sostener la aprobación general pero debió resignar capítulos centrales de la iniciativa. El resultado dejó expuestas las dificultades del oficialismo para conservar los respaldos de gobernadores y bloques dialoguistas que habían acompañado distintas reformas durante los primeros años de la gestión de Javier Milei.
Durante el debate, varios mandatarios provinciales marcaron diferencias con aspectos vinculados especialmente al régimen de tierras, recursos estratégicos y manejo del fuego. Senadores relacionados con gobiernos de Neuquén, Salta, Tucumán y Misiones se alejaron de la posición impulsada inicialmente por la Casa Rosada, obligando al oficialismo a introducir cambios para conseguir la media sanción. La discusión dejó en evidencia que los gobernadores comenzaron a asumir un rol más activo frente a una agenda nacional que ingresa además en una etapa atravesada por las elecciones de 2027.


Frente a ese escenario, la Casa Rosada comenzó a revisar el mecanismo de negociación con las provincias. Una de las decisiones que comenzó a tomar forma es concentrar en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el vínculo político con los mandatarios, mientras los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pasarían por una discusión interna más profunda antes de llegar al Congreso. El objetivo será evitar nuevos rechazos y reconstruir acuerdos antes de enviar reformas de alto impacto.
Entre los desafíos legislativos inmediatos aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027, además de posibles cambios en materia electoral. Sin embargo, sectores dialoguistas anticiparon que cada iniciativa será analizada con mayor detenimiento y que ya no existiría la misma predisposición para acompañar paquetes amplios de reformas. La pérdida de confianza entre el oficialismo y algunos aliados podría obligar al Ejecutivo a negociar proyecto por proyecto y aceptar modificaciones para garantizar su aprobación.
La dificultad parlamentaria coincide además con señales económicas que son observadas con atención dentro del Gobierno. Distintas mediciones privadas mostraron aumentos en los niveles de pobreza respecto del cierre de 2025, mientras la inflación de la Ciudad de Buenos Aires pasó del 1,8% en junio al 2,9% en julio. A esto se suman indicadores vinculados con ingresos, informalidad laboral y poder adquisitivo, elementos que adquieren mayor peso político a medida que se aproxima el año electoral.
Con este panorama, el Congreso volverá a ser uno de los principales escenarios donde se mida la capacidad política de Milei para sostener su programa de reformas. El oficialismo deberá recomponer vínculos con gobernadores, ordenar diferencias internas y encontrar nuevas mayorías para avanzar con sus próximos proyectos. El resultado de esas negociaciones será determinante para definir cuánto de la agenda que pretende impulsar la Casa Rosada podrá efectivamente convertirse en ley durante los próximos meses.













