"Van a tener sanciones": la Casa Rosada endureció el tono ante el paro que paraliza los puertos
La Casa Rosada respaldó la norma que abre la competencia en el servicio de practicaje y responsabilizó a los trabajadores por el impacto en los puertos. Los gremios del sector preparan una batalla judicial y una denuncia penal.
El Gobierno nacional defendió este martes la desregulación del servicio de practicaje en los puertos argentinos y advirtió que aplicará sanciones a los trabajadores que mantienen la medida de fuerza que afecta el comercio exterior desde el sábado 1° de agosto. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo en conferencia de prensa en Casa Rosada que los prácticos en huelga integran un servicio esencial y remarcó el "costo elevado" de la logística marítima argentina en comparación con otros países.
Ravier respaldó el Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial. La norma sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y modifica varios de sus aspectos centrales.
"Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia. Abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos", planteó el vocero presidencial. Según explicó, esa apertura busca mejorar los precios del traslado de mercaderías y que el cambio "impacte en mejoras para empresas y consumidores".
El funcionario calificó la reforma como "muy importante para que bajen los costos logísticos" y cruzó a los trabajadores que llevan adelante la protesta: "Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen este paro que perjudica la logística". Ravier fue tajante sobre las consecuencias que podría enfrentar el sector: "Este es un servicio esencial, que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones".
El paro se originó en rechazo al Decreto 690/2026, que elimina el límite de cupos para inscribirse como práctico, habilita a armadores y agencias marítimas a contratar en forma directa a los profesionales, fija topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona naveguen sin necesidad de contratar un práctico.
Los prácticos cumplen un rol considerado central para la seguridad de la navegación en tramos complejos —ríos, canales y accesos portuarios—, ya que conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona. Buena parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo, porque intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la principal vía de salida de las exportaciones del país.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de inconstitucional y anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación. La entidad también evalúa una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.
