Chaco y Corrientes convocan a un banderazo federal contra la extranjerización de las tierras
El banderazo será la antesala de la movilización nacional prevista para el 6 de agosto, cuando el Senado vuelva a tratar una iniciativa que elimina límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros
Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y ciudadanos autoconvocados de Chaco y Corrientes realizarán este sábado 1 de agosto un banderazo federal en defensa de la soberanía territorial. La actividad comenzará a las 16 y tendrá dos puntos centrales: la intersección de avenida 3 de Abril y Costanera, en la ciudad de Corrientes, y la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, frente al mástil ubicado sobre avenida 9 de Julio. Durante la jornada se confeccionarán carteles y banderas para expresar el rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional y que volverá a ser tratado en el Senado.
La propuesta tendrá un carácter abierto y participativo. Las organizaciones invitaron a vecinos, estudiantes, productores, trabajadores y familias a acercarse con telas, pinturas, cartones y mensajes vinculados con la defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales. La intención es que el banderazo funcione como una acción de visibilización previa a la movilización nacional del 6 de agosto frente al Congreso, fecha en la que el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para avanzar con una reforma que ya fue postergada por falta de apoyos. Entre los espacios convocantes aparecen Ciudadanxs Autoconvocados, Defensores del Pastizal, Guardianes del Yverá, La Correntada, Correntinos contra el Cambio Climático, CTA, ATE y organizaciones vinculadas con los derechos humanos y la defensa de los espacios públicos.
Qué es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno | Noticiero 9
La urgencia de la convocatoria responde a que el proyecto no se limita a reforzar la protección de una vivienda familiar o de una pequeña propiedad. La iniciativa promovida por el Gobierno de Javier Milei busca eliminar el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y suprimir el tope de 1.000 hectáreas por propietario extranjero en la principal zona productiva del país. También podría debilitar restricciones sobre terrenos incendiados, ampliar los mecanismos de desalojo y limitar las herramientas del Estado para realizar expropiaciones por razones de utilidad pública. Bajo el argumento de atraer inversiones y brindar seguridad jurídica, el oficialismo pretende retirar controles que fueron creados precisamente para impedir que el territorio nacional quede sometido a la capacidad económica del mejor postor.
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El impacto sería especialmente sensible en Corrientes, donde el 7,63% de la superficie provincial, unas 554.000 hectáreas, ya está en manos extranjeras. En Ituzaingó y Berón de Astrada, la proporción supera el 30%, mientras otras zonas cercanas al río Paraná, los Esteros del Iberá y áreas forestales presentan niveles elevados o próximos al límite vigente. Para las organizaciones convocantes, permitir una mayor concentración no solo encarecería los campos y los alquileres rurales, sino que también dificultaría la permanencia de pequeños productores y aumentaría la vulnerabilidad de comunidades campesinas, costeras e indígenas. La discusión, por lo tanto, no es únicamente sobre quién figura como propietario de una parcela: se trata de decidir quién controlará el agua, los humedales, los alimentos, los bosques, las fronteras y los recursos estratégicos de las próximas generaciones.
