Caputo presentó Inocencia Fiscal II y busca ampliar los beneficios para quienes regularicen fondos no declarados

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que será enviada al Congreso con el objetivo de modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. Según explicó el funcionario, la propuesta pretende que los argentinos incorporen al sistema financiero los dólares que mantienen fuera del circuito formal y puedan utilizarlos sin enfrentar sanciones tributarias.

Entre los principales cambios, el Gobierno propone eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones juradas cuando ARCA detecte inconsistencias, sin que eso implique su exclusión automática del régimen. Además, el organismo recaudador solo podría cuestionar una presentación si demuestra, mediante información objetiva, la existencia de diferencias significativas, mientras que también se contemplan exenciones de multas para quienes regularicen ajustes vinculados con Ganancias o IVA.

La presentación oficial intenta mostrar la reforma como una herramienta destinada a pequeños ahorristas que compraron dólares durante años de restricciones cambiarias. Sin embargo, la amplitud de los beneficios, la reducción de los plazos de fiscalización y la posibilidad de evitar denuncias penales mediante el pago posterior de las obligaciones abren un interrogante más profundo: la denominada Inocencia Fiscal puede terminar funcionando como un mecanismo de impunidad para grandes evasores, patrimonios ocultos e incluso funcionarios que no puedan justificar el origen de sus fondos. Bajo el argumento de facilitar la formalización, el Estado corre el riesgo de debilitar controles que deberían distinguir entre el ahorro informal y las maniobras deliberadas de evasión.

La ley vigente ya había elevado considerablemente los montos necesarios para configurar delitos tributarios: la evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones y la agravada, de $15 millones a $1.000 millones. También redujo a tres años el período de fiscalización y mantuvo la posibilidad de que ARCA no impulse acciones penales cuando el contribuyente regularice su situación. Con esta nueva flexibilización, el Gobierno vuelve a privilegiar la incorporación de dólares al sistema, pero deja en segundo plano una discusión central: quiénes serán realmente los beneficiados y qué garantías existirán para evitar que una supuesta ley de confianza termine convertida en un salvoconducto para los sectores con mayor poder económico y político.