Se cayó la sesión en el Senado y la Ley de Propiedad Privada se tratará el 6 de agosto
La iniciativa impulsada por el Gobierno elimina el límite nacional del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y el tope de 1.000 hectáreas por propietario en la zona productiva central, además de modificar normas sobre incendios, desalojos y expropiaciones.
El Gobierno de Javier Milei volvió a fracasar en su intento de avanzar con la reforma de la Ley de Tierras. Ante la falta de votos suficientes, el oficialismo debió postergar hasta el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Fue el cuarto intento frustrado para aprobar una iniciativa que despertó fuertes cuestionamientos por sus posibles consecuencias sobre la soberanía y el control de los recursos estratégicos del país.
En términos simples, el proyecto busca borrar dos protecciones centrales de la legislación actual: el límite que impide que más del 15% de las tierras rurales quede en manos extranjeras y el tope de 1.000 hectáreas que puede adquirir un mismo propietario extranjero en la zona núcleo productiva. Para las personas extranjeras privadas, la compra quedaría sin un límite general establecido por una ley nacional, mientras que las provincias podrían fijar sus propias restricciones. En el caso de empresas extranjeras, también se contemplaba un mecanismo de "silencio administrativo" por el cual una operación podría considerarse autorizada si no era rechazada dentro de los 180 días.
La ofensiva del Gobierno no se limita a la extranjerización de los campos. El paquete también modifica la Ley de Manejo del Fuego para eliminar prohibiciones que impedían cambiar durante décadas el uso de terrenos incendiados, amplía las posibilidades de ordenar desalojos y restringe los criterios para realizar expropiaciones. Por eso, detrás del título de protección de la propiedad privada aparece una desregulación profunda que podría favorecer la concentración, la especulación inmobiliaria y una mayor presión sobre tierras, bosques, agua, minerales y zonas fronterizas.
La caída de la votación constituye un freno importante, pero todavía no representa el final de la iniciativa. El oficialismo pretende aprovechar el receso para negociar nuevos apoyos y llevar nuevamente el texto al recinto. La tierra argentina no puede quedar librada al poder económico del mejor postor: proteger la soberanía exige mantener controles nacionales firmes, transparentes y comunes para todo el territorio, y no convertir los campos y los recursos naturales en simples mercancías disponibles para grandes capitales extranjeros.
