Super RIGI, data centers y poder tecnológico: la ley que pone recursos argentinos al servicio de los gigantes globales
La iniciativa favorece a sectores como inteligencia artificial, data centers, semiconductores, litio e infraestructura digital, con fuertes cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía, el ambiente y el rol del Estado.
El Super RIGI que impulsa el Gobierno de Javier Milei se presenta como un régimen para atraer grandes inversiones, pero sus críticos lo señalan como una nueva entrega de soberanía económica, digital y territorial. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en Diputados, está pensada para proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores como inteligencia artificial, data centers, semiconductores, biotecnología, infraestructura digital, energía y procesamiento de litio. Detrás del discurso oficial de "modernización" y "seguridad jurídica", el proyecto abre un esquema de privilegios extraordinarios para grandes corporaciones durante 30 años.
El corazón del proyecto es tan claro como polémico: beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y jurídicos para capitales de enorme escala, muchos de ellos extranjeros. Entre los puntos más cuestionados aparecen una alícuota reducida del 15% en Ganancias, estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por tres décadas, facilidades para importar insumos, libre disponibilidad progresiva de divisas y eliminación de retenciones. Mientras las PyMEs, trabajadores, jubilados y sectores productivos locales enfrentan ajustes, tarifazos y caída del consumo, el Gobierno ofrece a las grandes tecnológicas un régimen de excepción que blinda ganancias y reduce obligaciones.
El punto más grave es que el Super RIGI no solo resigna recaudación: también limita la capacidad del Estado argentino para regular. El proyecto habilita mecanismos de arbitraje internacional, como el CIADI, para resolver conflictos entre empresas y el Estado, colocando tribunales extranjeros por encima de la justicia local en decisiones estratégicas. Esa arquitectura jurídica consolida un país con menos herramientas para defender sus recursos, sus normas ambientales y sus decisiones soberanas. En la práctica, la Argentina asumiría riesgos, costos fiscales y presión sobre sus bienes naturales, mientras las grandes compañías obtendrían estabilidad, beneficios y salida garantizada para sus ganancias.
El laboratorio argentino de Peter Thiel
La discusión se vuelve todavía más sensible por el interés de magnates tecnológicos como Peter Thiel, fundador de Palantir, una de las empresas más influyentes del mundo en gestión de datos, defensa, inteligencia y seguridad. Thiel, instalado temporalmente en Buenos Aires, se reunió con Milei y empresarios locales en un contexto en el que el Gobierno busca convertir a la Argentina en una jurisdicción amigable para la inteligencia artificial y los grandes centros de datos. Para sectores críticos, el país corre el riesgo de transformarse en un laboratorio desregulado donde corporaciones globales prueben modelos tecnológicos, jurídicos y económicos con mínima intervención estatal.
La preocupación no es abstracta. Los data centers requieren enormes cantidades de energía, agua, infraestructura y territorio. La Patagonia aparece en el radar por su clima frío y su disponibilidad de recursos, pero el proyecto no establece condicionamientos fuertes sobre consumo energético, uso del agua, impacto ambiental, empleo local o transferencia tecnológica real. En ese escenario, la promesa de inversión puede convertirse en una economía de enclave: grandes empresas que extraen ventajas del territorio argentino, consumen recursos estratégicos, tributan menos, emplean poco y dejan al Estado con menos poder para exigir contraprestaciones.
El Super RIGI forma parte de una agenda más amplia del oficialismo, junto con proyectos sobre propiedad privada, glaciares y reforma de la Ley de Sociedades, que apunta a construir un andamiaje legal a medida de los grandes jugadores globales. La novedad no es solo económica: es política. El Gobierno propone un país donde el Estado se corre, los tribunales extranjeros ganan peso, las corporaciones tecnológicas reciben beneficios inéditos y la soberanía queda subordinada a la lógica del capital transnacional. Por eso, más que un régimen de incentivo, sus detractores lo definen como una entrega por 30 años: una ley pensada para los gigantes de la IA, no para el desarrollo nacional.
