Cero tolerancia al maltrato animal: aprobaron multas históricas de hasta 18 millones de pesos

La Cámara de Diputados de Chaco pateó el tablero y aprobó por unanimidad una reforma histórica que le pone los puntos a los violentos. Se trata de una nueva ley integral que mete mano en el Código de Faltas para endurecer de manera drástica las sanciones contra el maltrato animal y los actos de crueldad. Con una votación impecable de 30 afirmativos, la legislatura provincial fijó multas inéditas en el país que pueden llegar hasta los 18.390.000 pesos para los casos más graves, una cifra calculada en base al Salario Mínimo para que no quede desactualizada con la inflación.

La escala de penalizaciones no anda con vueltas y divide los tantos según la gravedad del asunto. Para los episodios considerados como malos tratos, que incluyen el abandono en la calle, la falta de comida o tener a los bichos hacinados, las multas arrancan en 1,8 millones de pesos y vienen acompañadas de hasta 60 días de arresto. Pero la cosa se pone verdaderamente picante cuando se habla de crueldad animal, como torturas, peleas clandestinas o mutilaciones. Ahí el castigo económico trepa a los 14,7 millones, con la chance de pasar hasta cuatro meses tras las rejas. El techo de la pena se aplicará si el animal termina muerto, estirando el encierro hasta los 180 días de cárcel.

La normativa no dejó cabos sueltos y sumó varios agravantes que hacen temblar a los infractores. Por ejemplo, la sanción será mucho más pesada si la agresión se comete frente a menores de edad o si al culpable se le ocurre difundir el ataque a través de las redes sociales. Además, se metieron con una situación súper común en las calles: a partir de ahora, abandonar a un animal herido después de un siniestro vial será catalogado directamente como un acto de crueldad, eliminando cualquier tipo de excusa para los conductores.

Para complementar el castigo, la provincia creará un Registro de Infractores, una especie de lista negra donde van a quedar escrachados todos los condenados, quienes perderán la posibilidad de adoptar o tener mascotas. Lo bueno de la movida es que las autoridades locales ahora tienen la facultad de realizar rescates preventivos sin esperar la orden de un juez si ven que la vida del bicho corre peligro. Todo lo que se recaude por las multas irá a parar a un fondo destinado exclusivamente a financiar la asistencia veterinaria pública.