El Ejecutivo modificó el régimen de nombramiento de jueces de la Corte vigente desde 2003

El Gobierno nacional avanzó con una reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial. La norma, redactada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y rubricada por el presidente Javier Milei, elimina la etapa de observaciones ciudadanas que hasta ahora tramitaba el propio Ministerio, acorta los plazos y modifica la forma de difundir los antecedentes de los postulantes, con el objetivo declarado de agilizar la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal.

El cambio llega en un momento particular: la Corte funciona con tres de sus cinco integrantes. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti conducen el tribunal desde que quedaron vacantes los lugares de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y de Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024. El año pasado el oficialismo intentó cubrir esas sillas con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla, pero no reunió los dos tercios del Senado que exige la Constitución: Lijo fue rechazado en la votación y García-Mansilla, designado en comisión, terminó renunciando tras ejercer algunas semanas.

La modificación apunta al procedimiento administrativo previo a la nominación presidencial, regulado desde 2003 por el decreto 222/03, conocido como de "autolimitación presidencial". El punto central es la eliminación de la instancia de impugnaciones ciudadanas dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, un mecanismo que permitía a la ciudadanía, las ONG y los colegios profesionales objetar a los candidatos en un plazo de quince días. Según fuentes oficiales, esa etapa se superpone con el procedimiento que ya prevé el reglamento del Senado, por lo que la participación ciudadana pasará a tramitarse en esa cámara una vez elevado el pliego.

En paralelo, la difusión de los antecedentes ya no se hará en diarios de circulación nacional ni en el Boletín Oficial, sino en la página web oficial del Ministerio, con plazos más cortos. El decreto también fija un régimen uniforme en materia patrimonial: establece cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas bajo la Ley de Ética Pública y, por primera vez, un plazo concreto para que la ARCA —el organismo recaudador— informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, un trámite que antes no tenía término definido.

Otro de los puntos que introduce la norma es la supresión de la recomendación de contemplar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional de los postulantes al momento de la nominación. Se trata de una cláusula sensible: durante el proceso fallido de Lijo y García-Mansilla, la oposición la había utilizado para reclamar perfiles de mujeres y de candidatos del interior del país. El procedimiento constitucional del Senado —las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes— no se modifica.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma evita duplicar instancias similares y reduce los tiempos sin suprimir la transparencia, que quedaría garantizada en la etapa del Senado. La medida, sin embargo, generó cuestionamientos incluso dentro del arco aliado: la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, del PRO, advirtió en sus redes que la transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas sino garantías republicanas, y pidió no retroceder en calidad institucional. Cuándo —y si— el Gobierno avanzará con nuevas nominaciones dependerá de una variable que el propio Milei ya explicitó: los votos en el Senado.