728 ataques a periodistas en un año: el hostigamiento oficial y una profesión bajo presión
Según registros citados por FOPEA, durante 2025 se contabilizaron 728 ataques a periodistas, la cifra más alta desde que comenzaron esos relevamientos. El dato expone un clima de creciente hostigamiento público hacia quienes informan, preguntan e investigan.

Este 7 de junio, Día del Periodista en la Argentina, la fecha encuentra a la profesión atravesada por un escenario de fuerte tensión con el poder político nacional. De acuerdo con datos citados por el Foro de Periodismo Argentino, durante 2025 se registraron 728 ataques a periodistas, la cifra más alta desde el inicio de esos relevamientos en 2006. El dato no solo describe una escalada de agresiones discursivas: también advierte sobre un deterioro del clima democrático en torno al ejercicio de informar.
El presidente Javier Milei aparece señalado en ese informe como responsable de una parte mayoritaria de los casos de discurso estigmatizante contra periodistas. En ese contexto, los insultos, las descalificaciones y la identificación de comunicadores como "enemigos" o "ensobrados" dejaron de funcionar como episodios aislados para convertirse en una práctica reiterada desde la cúspide del poder. Cuando el Estado instala la sospecha permanente sobre la prensa, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional.


El efecto de ese hostigamiento no se limita a quienes reciben los agravios de manera directa. También condiciona a fuentes, redacciones y audiencias, porque instala un clima donde preguntar puede tener costo, investigar puede derivar en ataques y opinar puede transformarse en motivo de persecución pública. La consecuencia más grave de este proceso es la autocensura: notas que no se escriben, preguntas que se suavizan y debates que se empobrecen por miedo a la reacción del poder.
En una democracia, la libertad de prensa no es un privilegio corporativo ni una defensa sectorial: es una garantía para toda la sociedad. Por eso, en el Día del Periodista, la discusión excede al oficio y alcanza al derecho ciudadano a recibir información plural, crítica e independiente. Un gobierno puede cuestionar coberturas, responder críticas o disputar sentidos, pero cuando convierte el agravio en método y el hostigamiento en política, el daño alcanza al sistema democrático en su conjunto.













