La FIA descartó sobreprecios en Ecom Chaco y desestimó la denuncia de la oposición
La investigación se había iniciado tras una presentación de legisladores del Bloque Justicialista y del Frente Grande por presunta sobrefacturación entre fines de 2024 y mediados de 2025. Sin embargo, el análisis técnico demostró que los montos abonados mantuvieron correspondencia con los aranceles de referencia del Colegio de Escribanos.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la Provincia del Chaco dictaminó de manera concluyente el cierre definitivo de la investigación que se seguía contra el Directorio de la empresa estatal Ecom Chaco S.A. A través de la firma de la Resolución N.° 3107/26, el organismo de control descartó de forma categórica la existencia de sobreprecios, direccionamientos o perjuicios fiscales en las contrataciones de servicios notariales que habían sido severamente cuestionadas por legisladores de la oposición provincial.
La actuación administrativa en cuestión se había originado a partir de una denuncia formal promovida por diputados del Bloque Justicialista y del Frente Grande. Los legisladores opositores sembraron sospechas sobre una serie de convenios y erogaciones ejecutadas entre los meses de octubre de 2024 y julio de 2025. No obstante, tras un exhaustivo análisis que incluyó compulsa de actas, tablas arancelarias del Colegio de Escribanos y una auditoría técnica en conjunto con el Tribunal de Cuentas, la hipótesis de la sobrefacturación fue desestimada.


En los considerandos del instrumento legal, el fiscal general Gustavo Santiago Leguizamón fundamentó que los honorarios abonados a la profesional interviniente se encuadraron dentro de las variables lógicas del mercado, superando en apenas un 11% el mínimo indicativo de la entidad profesional. Asimismo, desde la FIA explicaron que el incremento del volumen de facturación durante dicho periodo se justificó plenamente en razones operativas excepcionales, tales como la certificación notarial para la desvinculación de 86 agentes y la regularización de trámites ante la Inspección de Personas Jurídicas que databan del año 2018.
Al resolverse el archivo de las actuaciones sin la formulación de cargos ni derivaciones a la Justicia Penal, las autoridades de la firma informática estatal ratificaron su compromiso con las sugerencias de control emitidas por el órgano administrativo. En ese sentido, ponderaron la implementación de mecanismos de transparencia digital, como la Subasta Electrónica Inversa, una metodología de compulsa que durante el pasado año 2025 le significó a la provincia un ahorro real superior a los 300.000 dólares en sus procesos de adquisición de bienes y servicios.
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