Argentina abre su sector nuclear al capital privado y fija las exportaciones como prioridad
Los "Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026" establecen que las actividades del sector con potencial comercial deben abrirse a esquemas de inversión privada y público-privada.
El Gobierno nacional fijó sus lineamientos de política nuclear para 2026 en un documento de 54 páginas que introduce cambios de fondo respecto a la doctrina histórica del sector. El texto, firmado por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, fue difundido este domingo con motivo de los 76 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y establece que las actividades nucleares con potencial comercial deben abrirse a la inversión privada —incluso extranjera— y a asociaciones público-privadas.
El documento fija cuatro objetivos por orden de jerarquía: exportaciones de alto valor agregado, seguridad energética, preservación de la capacidad tecnológica nacional y liderazgo regional con posicionamiento geopolítico. Ese orden de prioridades marca una ruptura con la filosofía que históricamente orientó el sector, basada en la soberanía tecnológica y el desarrollo estatal de capacidades estratégicas. La nueva doctrina también exige "validación comercial" de los proyectos, "sustentabilidad económico-financiera" y "evaluación de resultados y rentabilidad" como criterios de gestión.
La publicación se produce en un momento de tensión entre el Ejecutivo y la comunidad científica y nuclear. El propio Ramos Nápoli generó polémica al declarar que "el sector nuclear se usó como aguantadero de la política", frase que fue interpretada como una crítica al kirchnerismo, pero que cayó mal en un sector que Argentina construyó durante décadas y en el que, junto con Brasil, ocupa un lugar de referencia en América Latina. El sector opera tres plantas nucleares: Atucha I, construida durante el gobierno de Juan Perón; Embalse, durante el de Raúl Alfonsín; y Atucha II, durante el de Cristina Kirchner.
El trasfondo judicial también pesa sobre el área. El exasesor presidencial Demian Reidel, que presidió Nucleoeléctrica Argentina (NASA) entre marzo de 2025 y febrero de 2026, cuando renunció bajo sospechas de irregularidades, fue imputado este mes por la Justicia federal por presuntos gastos personales realizados con tarjetas corporativas de la empresa en el exterior. La causa está en manos del fiscal Ramiro González y el juez Daniel Rafecas.
En paralelo, el Gobierno habilitó en mayo el inicio de un mecanismo que podría derivar en la venta de activos de la CNEA, lo que despertó nuevas críticas en el sector. Las fuentes consultadas por medios nacionales señalaron que subordinar la investigación científica a objetivos comerciales podría limitar la capacidad de innovación a largo plazo, dado que muchos desarrollos nucleares surgieron históricamente de estudios sin aplicación comercial evidente. También genera debate la situación del reactor Carem —diseñado y construido íntegramente en Argentina, con un avance del 80%— que el Ejecutivo habría dejerarquizado en su planificación.
