La Ley Hojarasca llega al Senado: el oficialismo negocia y cree tener los votos para aprobarla en junio

La Ley Hojarasca, el proyecto del Gobierno que propone derogar unas 70 normas consideradas obsoletas, llega esta semana al Senado. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas respectivamente por los senadores oficialistas Agustín Coto y Nadia Márquez, se reunirán el próximo miércoles 3 de junio para debatir la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El oficialismo aspira a que la ley quede en condiciones de votarse en el recinto durante junio.

La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el 20 de mayo con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Al plenario del Senado asistirán funcionarios nacionales, entre ellos los secretarios de Desregulación y de Transformación del Estado, Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, tal como ocurrió durante el debate en la Cámara baja.

Desde el bloque oficialista se adelantó que no realizarán cambios al texto ya aprobado por Diputados, en tanto trabajan en la construcción de mayorías con sectores de la oposición dialoguista para asegurar el dictamen. El proyecto define la derogación de normas que van desde leyes firmadas por expresidentes como Isabel Perón, Héctor Cámpora, Carlos Menem y Néstor Kirchner, hasta disposiciones de gobiernos de facto como los de Jorge Videla, Alejandro Lanusse, Reynaldo Bignone y Juan Carlos Onganía.

El Ejecutivo sostiene que la acumulación de normas sin depuración afecta la seguridad jurídica y genera marcos regulatorios contradictorios. El propio Sturzenegger la definió como una "depuración normativa", en línea con el objetivo del presidente Javier Milei de reducir la intervención estatal.

La semana próxima también será densa para el Senado: el jueves 4 de junio está prevista una sesión con un temario que incluye más de 70 pliegos de cargos para jueces y fiscales federales, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —también impulsado por Sturzenegger— y el acuerdo con bonistas que mantienen litigios contra Argentina en tribunales de Estados Unidos por el default de 2001.