El Gobierno prepara una reforma de la Ley de Administración Financiera alineada con el FMI

El Gobierno trabaja en una reforma de la Ley de Administración Financiera que prevé presentar este año, en línea con la agenda fiscal que discute con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa apunta sobre la Ley 24.156, que regula el sistema de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y control del sector público nacional. En el oficialismo sostienen que el propósito es ganar más control sobre los recursos del Estado y reducir el margen de presión legislativa sobre la caja.

En despachos oficiales plantean la reforma como un cambio estructural: no se trataría solo de ordenar partidas, sino de fijar nuevas reglas para cualquier decisión con impacto presupuestario. El proyecto busca darle a la Casa Rosada mayor discrecionalidad para administrar el gasto cuando exista superávit o cuando varíen las condiciones de recaudación durante el año. En términos prácticos, el entorno presidencial procura quedar habilitado para aplicar recortes, postergar erogaciones o reasignar fondos dispuestos por el Congreso si los ingresos caen o si una ley nueva altera el equilibrio fiscal, sin exponerse a un incumplimiento legal automático.

La discusión se conecta con las consideraciones del último informe del FMI, que remarcó la necesidad de sostener el ancla fiscal, contener el gasto discrecional y compensar el impacto de iniciativas aprobadas por el Congreso. El organismo planteó además que el marco fiscal debe ganar previsibilidad y durabilidad, con reglas más claras para evitar que el equilibrio de las cuentas públicas dependa únicamente de decisiones administrativas de corto plazo. En la Nación leen ese esquema como un respaldo técnico para ordenar tanto el presupuesto anual como las herramientas de ejecución durante el ejercicio.

El propio informe fija una hoja de ruta presupuestaria. Tal como prevé la normativa vigente, el Gobierno deberá enviar en septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, alineado con la regla de déficit cero e incluyendo un marco fiscal de mediano plazo, una declaración de riesgos fiscales y escenarios adversos. En el memorándum actualizado de políticas económicas, las autoridades argentinas plantearon que buscan institucionalizar el ancla fiscal y avanzar con reglas que limiten los déficits y el financiamiento monetario.

Uno de los ejes que analiza el Ejecutivo es endurecer la exigencia de que toda ley con costo fiscal detalle cómo será financiada. La ley ya contiene previsiones sobre gastos no contemplados, pero en la Nación consideran que la regla actual no alcanza para frenar iniciativas que, según esa mirada, le trasladan al Gobierno el costo político de vetar, no aplicar o recortar en otras áreas. El antecedente inmediato son las leyes de financiamiento universitario, discapacidad y otros proyectos de recomposición presupuestaria impulsados desde el Congreso, frente a los cuales el oficialismo sostuvo que no podía aplicarlos sin fuente específica de financiamiento.

El segundo eje pasa por las facultades de reasignación durante el ejercicio presupuestario. La reforma apunta a que la regla fiscal tenga prevalencia operativa: ante un desvío de ingresos o una presión adicional sobre las partidas, el oficialismo podría ajustar otros gastos sin quedar expuesto judicial o administrativamente por no ejecutar de forma plena una erogación dispuesta por ley. Ese capítulo anticipa una discusión política de fondo, porque toca el equilibrio entre la potestad del Congreso para aprobar gastos y la capacidad del Ejecutivo para ejecutar el Presupuesto sin desviarse del resultado financiero comprometido.