El Gobierno lanza un operativo para liberar las rutas y abrir un corredor humanitario hacia La Paz

El gobierno de Bolivia puso en marcha este sábado un amplio operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas para liberar las rutas bloqueadas por las protestas opositoras que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El despliegue se concentra sobre la autopista que une Oruro con La Paz, en lo que las autoridades denominaron "Corredor Humanitario de las Banderas Blancas", una iniciativa que busca garantizar el paso de alimentos, combustible y medicamentos hacia la sede de gobierno y la vecina ciudad de El Alto.

El plan contempla la intervención de la Cruz Roja, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y representantes de la Iglesia Católica para acompañar el avance de las fuerzas de seguridad y facilitar el diálogo en cada uno de los puntos de bloqueo. En paralelo, el Ejecutivo convocó a los sectores campesinos, mineros y sindicales a una mesa de negociación para intentar destrabar un conflicto que ya lleva varias semanas y que tiene a la administración de Paz en su momento más crítico desde la asunción, en noviembre del año pasado.

La movida oficial llega después de una semana de fuerte escalada. En las últimas 48 horas, miembros de la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y seguidores de Evo Morales se enfrentaron con la Policía en pleno centro paceño, cuando intentaron avanzar hacia la plaza Murillo. Los choques dejaron heridos entre civiles y trabajadores de prensa, y se desarrollaron en un clima de creciente tensión que llevó al gobierno y a las Fuerzas Armadas a denunciar públicamente la aparición de grupos irregulares con armamento de alto calibre en la región de Oruro, algunos de los cuales difundieron videos llamando a una "guerra civil".

Los bloqueos provocaron además una crisis de abastecimiento que ya cobró cuatro vidas por falta de atención médica oportuna, según informaron las autoridades bolivianas. La Asociación de Surtidores Privados de Hidrocarburos de La Paz advirtió que el suministro de diésel y gasolina atraviesa una situación de paralización casi total, con largas filas en las estaciones de servicio e impacto directo sobre el transporte de mercaderías y la actividad de las pymes. A la escasez de combustible se suma la falta de oxígeno medicinal en los hospitales y el desabastecimiento de productos básicos en los mercados.

El conflicto también tiene un costado humanitario que excede las fronteras bolivianas: cerca de 250 migrantes venezolanos y colombianos quedaron varados, en su mayoría en la zona de Oruro, cuando intentaban regresar desde Chile hacia sus países de origen por vía terrestre. La Defensoría del Pueblo brinda asistencia en terminales de transporte, donde permanecen familias enteras con menores de edad. En el plano diplomático, el gobierno boliviano declaró esta semana persona no grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crisis interna.

Del lado argentino, la Casa Rosada sigue el escenario con cautela y no descarta reforzar la seguridad en la frontera norte si el conflicto escala, aunque por el momento descarta reflotar el Plan Roca de despliegue militar. Cualquier definición operativa, según trascendió, quedará en manos del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.

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