El Gobierno envió a Estados Unidos una lista con 34.000 hinchas que no podrán entrar al Mundial

El Gobierno nacional envió a Estados Unidos un listado con 34.000 hinchas argentinos que tendrán prohibido el ingreso a los estadios durante el Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 18 de julio en suelo estadounidense, mexicano y canadiense. La medida quedó formalizada en una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

A los 21.000 nombres que ya figuraban en el Programa Tribuna Segura se le sumaron 13.000 deudores alimentarios morosos, en una decisión que la titular de la cartera anticipó la noche del jueves en el programa "¿La ves?", de TN. "Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial", afirmó Monteoliva, y remarcó que el objetivo es "establecer reglas claras con los violentos y los deudores alimentarios".

La resolución instruye poner a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina la información completa sobre los individuos con restricciones vigentes para ingresar a eventos deportivos, en el marco de los acuerdos de seguridad firmados entre ambos países con vistas a la realización del torneo. La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, será el área encargada de ejecutar el protocolo de tratamiento de los datos.

El listado abarca tres grupos diferenciados: personas con derecho de admisión vigente por hechos de violencia en el fútbol, deudores alimentarios morosos —que suman los 13.000 casos incorporados— e hinchas sancionados por distintos motivos dentro del Programa Tribuna Segura. La inclusión de los morosos en la nómina es la principal novedad de la última actualización del registro.

Con la cuenta regresiva para el inicio de la cita mundialista, el Ministerio de Seguridad busca proyectar una postura institucional frente al comportamiento de los hinchas argentinos en el exterior. La iniciativa se inscribe en una serie de acuerdos bilaterales con agencias norteamericanas que apuntan a coordinar tareas de control durante el desarrollo de la competencia.