"Es claramente política": el Gobierno cuestionó la Marcha Federal Universitaria y anticipó más auditorías

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, definieron ayer a la cuarta Marcha Federal Universitaria como "claramente política" y anticiparon que el Gobierno Nacional continuará con las auditorías sobre las casas de estudio. La conferencia de prensa se realizó en la sede del ministerio, a pocas horas de la movilización que este martes confluirá en Plaza de Mayo.

Álvarez fue quien marcó el tono del cruce y vinculó la convocatoria a intereses opositores. "Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución, pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política", planteó. Como respaldo, el funcionario citó la foto de rectores peronistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la adhesión de la CGT a la marcha. "Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes?", se preguntó.

Pettovello, por su parte, enfocó el discurso en la transparencia del gasto y en lo que llamó una "batalla cultural" frente a la sociedad. "Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales", expresó. La ministra sostuvo que la intención del Gobierno es "desmitificar el monstruo sagrado" de la educación superior pública y reforzar el control sobre el destino del dinero.

El trasfondo del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso en 2024, que contempla una actualización salarial acorde a la inflación de 2024 y 2025 y que la Casa Rosada decidió no aplicar. Álvarez sostuvo que la única norma que el Ejecutivo cumplirá es la de Presupuesto y consideró que la ley universitaria —cuyo costo estiman en 1,2 billones de pesos— quedó "abstracta". El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, retrucó: "Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento Universitario? Y así todo, no consiguieron los votos".

El reclamo de las universidades acumula dos fallos judiciales favorables y aguarda una resolución de la Corte Suprema. En paralelo, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, advirtió una caída del 45,6% en las transferencias desde fines de 2023 y aseguró que el sistema funciona "a la mitad de nuestras capacidades". A esa discusión se suma la distribución de más de 79 mil millones de pesos destinados a hospitales universitarios, una mesa que el Gobierno se comprometió a abrir con los rectores una vez finalizada la movilización de este martes.