El Gobierno analiza reformar la Ley de Ética Pública para limitar el uso político del Estado
El Ejecutivo trabaja en una reforma para precisar qué conductas estarán prohibidas dentro de la administración pública, como el uso de oficinas, teléfonos, correos institucionales o vehículos oficiales con fines partidarios.
El Gobierno nacional analiza una reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de endurecer las restricciones sobre el uso político de los recursos del Estado. La iniciativa apunta a fijar reglas más precisas para los funcionarios y empleados públicos, especialmente en lo referido al uso de oficinas, teléfonos, correos institucionales, vehículos oficiales, redes sociales y tiempo laboral para actividades partidarias o de campaña.
Según trascendió, la Casa Rosada busca avanzar hacia una normativa que separe con mayor claridad la función pública de la actividad política. Si bien la legislación argentina ya establece deberes generales de conducta y prohíbe el proselitismo en el ejercicio del cargo, el proyecto en estudio intentaría detallar casos concretos. Entre ellos, se mencionan llamados partidarios desde teléfonos oficiales, utilización de cuentas institucionales para difundir mensajes políticos, organización de actividades proselitistas desde dependencias públicas o presión sobre subordinados para participar en campañas.
La propuesta toma como referencia la normativa estadounidense conocida como Hatch Act, que limita la actividad política partidaria de empleados públicos cuando están en horario de servicio, dentro de oficinas estatales, utilizando uniforme o empleando vehículos oficiales. Ese modelo también contempla sanciones que pueden ir desde una advertencia escrita hasta el despido, y protege a los trabajadores frente a posibles presiones políticas, como pedidos de apoyo electoral o aportes económicos a un partido.
En el Ejecutivo no descartan que la eventual reforma también incluya cambios sobre los mecanismos de investigación y sanción de estas faltas. De todos modos, la iniciativa no aparece por ahora como parte de la agenda legislativa inmediata, aunque podría ser reflotada durante 2026 dentro del paquete de proyectos que el Gobierno evalúa enviar al Congreso. La discusión se da en un contexto político atravesado por investigaciones judiciales que involucran a funcionarios nacionales y en medio del intento oficial de reinstalar una agenda vinculada a la transparencia, la ética pública y el control del uso de recursos estatales.
