Diputados de la oposición piden investigar responsabilidades por la "falsa médica"
El interbloque opositor radicó denuncias contra el ministro Sergio Rodríguez, la subsecretaria Mariela Mercadín y otros funcionarios. Le imputan incumplimiento de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales y abandono de persona por omisión impropia.

El interbloque opositor de la Legislatura del Chaco radicó dos denuncias —una administrativa y otra penal— contra el ministro de Salud Pública, Sergio Rodríguez, y otros funcionarios de la cartera sanitaria por el caso de la falsa médica que se desempeñó durante meses en hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Las presentaciones fueron firmadas por los diputados y diputadas del bloque y apuntan a determinar responsabilidades políticas, administrativas y penales en la cadena de controles que permitió que una mujer sin título habilitante atendiera pacientes y firmara hasta diez actas de defunción.
El diputado provincial Sebastián Benítez Molas, presidente de la Comisión de Salud, detalló en diálogo con Radio Nordeste el alcance de las acciones judiciales. "Nosotros ayer junto a los diputados y diputadas de interbloque presentamos dos denuncias, una denuncia administrativa y una denuncia penal", explicó el legislador del PJ. La presentación administrativa quedó radicada ante la Fiscalía de Investigación Administrativa y alcanza al ministro Rodríguez, a la subsecretaria de Articulación Sanitaria, Mariela Mercadín, a los directores de Coordinación Presupuestaria y de Fiscalización, a los directores de Recursos Humanos y a los responsables de los dos hospitales involucrados.


La denuncia administrativa enumera infracciones a cinco leyes provinciales: la Ley de Ministerios, el Estatuto del Empleado Público, el Ejercicio de la Medicina, la Ley de Ética Pública y Transparencia y la Ley de Administración Financiera. Benítez Molas pidió que se instruya el sumario correspondiente, que se diriman las responsabilidades administrativas y que se inicie "la correspondiente acción de recupero patrimonial contra los funcionarios responsables". En paralelo, el interbloque radicó la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra Rodríguez "y a quienes la investigación posteriormente determine como responsables penales", por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales y abandono de persona por omisión impropia.
El legislador apuntó directamente contra la conducción política del Ministerio. "Acá no solamente denunciamos un escándalo sanitario, sino que denunciamos un fracaso político rotundo y una responsabilidad directa del ministro de Salud de la provincia del Chaco, que tendría que haber estado al tanto de todo lo que sucedió", planteó. Recordó que el bloque ya había presentado un pedido de informes que no fue respondido, citó al exdirector de la Región Sanitaria II, Orlando Di Núbila —desplazado del cargo tras hacer pública la situación—, y pidió la interpelación del ministro: "No tenemos novedades ni tenemos respuestas, solamente declaraciones muy vagas". Sobre la afirmación del propio Rodríguez de que la mujer "no formaba parte del sistema de salud", Benítez Molas fue tajante: "Eso es peor todavía. Las dos cosas son muy graves, porque evidentemente esta persona atendió pacientes, medicó y obviamente hay pruebas de que firmó certificados de defunción".
Consultado por la posibilidad de que la imputada hubiera ejercido también durante la gestión anterior —según trascendidos, desde finales de 2022 o 2023—, el legislador aclaró que en su bloque no recibieron denuncias previas, pero pidió ampliar el rastreo. "Nosotros pedimos una investigación integral, exhaustiva, y que los responsables tengan que pagar por los delitos que cometieron", remarcó. Mencionó que llegaron mensajes de vecinos asegurando que la mujer también prestó servicios en otras localidades, entre ellas Pampa del Infierno, y aseguró que esos aportes serán incorporados a las causas en marcha. La investigación penal sobre el ejercicio ilegal de la medicina, que tiene a Lidia Mabel Ojeda como principal imputada y al doctor Horacio Daniel Vázquez como titular de la matrícula usurpada, sigue su curso en paralelo a estas nuevas presentaciones.















