"Las tres fundaciones recibieron un estimativo de 167 millones de pesos"

El juicio contra el dirigente social Ramón Alberto "Tito" López y su entorno familiar ingresó en su etapa decisiva este jueves en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Durante la jornada de alegatos, el Ministerio Público Fiscal presentó una acusación contundente que investiga maniobras de asociación ilícita, lavado de activos y fraude al Estado, solicitando penas que alcanzan los 13 años y 6 meses de prisión para el principal referente, 13 años para su esposa y hasta 12 años para sus hijos. La fiscalía no solo pidió la privación de la libertad, sino también el decomiso de bienes y multas millonarias equivalentes al doble de las operaciones sospechosas detectadas.

En diálogo con N9, el fiscal federal Federico Carniel brindó precisiones sobre la intensidad del debate y la solidez de las pruebas recolectadas. "Fue una jornada muy intensa en el sentido de que pudimos hacer el análisis de toda la prueba que se produjo en el juicio", señaló el funcionario judicial, quien además remarcó que, desde la posición de la Fiscalía, "no tuvimos duda a la hora de decir que ellos merecen ser condenados por la pena que se pidió". La teoría del caso sostiene que el patrimonio del denominado "Clan López" no tiene un correlato lícito con sus actividades declaradas, evidenciando un crecimiento exponencial que se habría gestado mediante el manejo irregular de fondos públicos.

Uno de los pilares de la acusación reside en el funcionamiento de tres fundaciones vinculadas a la familia, las cuales compartían domicilio y eran presididas por el núcleo cercano de López. Según detalló Carniel, estas organizaciones recibieron un estimativo de 167 millones de pesos por parte del Estado, dinero que supuestamente debía destinarse a la construcción de viviendas para sectores vulnerables. Sin embargo, las auditorías confirmaron que las obras nunca se realizaron y que el dinero perdió trazabilidad tras ser retirado en efectivo. "Esa gente vulnerable, en vez de recibir el beneficio, veía cómo el dinero terminaba en las arcas de ellos mismos", sentenció el fiscal ante los micrófonos de N9.

La investigación también puso la lupa sobre una maniobra inmobiliaria con tierras fiscales en la zona de El Impenetrable. El fiscal explicó que los acusados obtuvieron 3.000 hectáreas por un valor social de 1,2 millones de pesos y, apenas 48 horas después de escriturar, realizaron una venta simulada por 120 millones de pesos, logrando una "ganancia súper récord". Sobre este punto, Carniel fue tajante al afirmar que "las tierras ociosas de la provincia tienen un fin social previsto en la Constitución; ellos se abusaron inmobiliariamente de la tierra y obtuvieron grandes ganancias que seguían reinvirtiendo en otros negocios", desvirtuando el objetivo de las leyes de tierras públicas.

El informe presentado por ARCA (ex AFIP) resultó ser una pieza lapidaria para la defensa, ya que detectó más de una decena de inconsistencias patrimoniales. Mientras los acusados declaraban actividades de baja escala, como la venta de cerdos o el arreglo de motocicletas, la realidad mostraba una flota de vehículos de alta gama y propiedades de lujo. "Lo que informaba la AFIP no se condecía con el nivel de vida que llevaban; eran prácticamente monotributistas", recordó Federico Carniel, subrayando que este desfasaje fue el detonante para confirmar que el financiamiento provenía directamente del desvío de caudales públicos.

Hacia el final de la entrevista, el fiscal se refirió a los próximos pasos procesales, indicando que el 6 de mayo será el turno del alegato de la defensa. Una vez concluida esa instancia y tras las últimas palabras de los imputados, el tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia, algo que podría ocurrir el mismo 7 de mayo. "El tribunal tiene todas las intenciones de dictar el veredicto ese mismo día, salvo que el alegato de la defensa genere la necesidad de un análisis más profundo", concluyó Carniel, cerrando así una jornada histórica para la justicia federal chaqueña.