La defensa denunció "irregularidades" y reclamó la anulación del proceso

La defensa de Ramón "Tito" López pidió este miércoles la nulidad total y absoluta del juicio que se le sigue al dirigente piquetero, su esposa y sus tres hijos por lavado de activos. En la anteúltima jornada del debate en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, el abogado Marcelino Leiva abrió los alegatos finales con un cuestionamiento a la totalidad del proceso, al que calificó como "plagado de irregularidades". Sostuvo que durante los 21 meses de detención de sus defendidos se vulneraron "todas las garantías constitucionales", incluido el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y la imparcialidad judicial.

El eje central del planteo se ubicó en la presentación espontánea que López realizó el 28 de agosto de 2024 ante el Juzgado Federal de Instrucción N° 2. Según relató Leiva, su cliente se presentó por su cuenta tras enterarse "por medios periodísticos" de que existía una investigación en su contra y solicitó designar abogado defensor y ser informado de las causales que se le imputaban. La respuesta del fiscal, transmitida por el juez Ricardo Mianovich, fue que "no existe proceso abierto" en contra de López, una afirmación que el defensor calificó como "una falacia".

Leiva aseguró que el magistrado tenía pleno conocimiento de la causa, ya que previamente había ordenado el levantamiento del secreto bancario y financiero sobre su defendido. "Una burda maniobra de ocultarle a López la existencia de ese proceso", sentenció el abogado, y agregó que esa decisión judicial constituyó "una violación al proceso legal y al derecho de defensa en juicio" que terminó tiñendo "todo el proceso posterior". Recordó además que apenas dos semanas después, el 11 de septiembre de ese año, se ordenaron las detenciones, allanamientos y secuestros en distintos puntos del Chaco, cuando López todavía no contaba con un abogado designado.

Sobre esa base construyó la teoría del "fruto del árbol envenenado": si el primer acto del juez fue irregular, todos los actos posteriores quedan alcanzados por la nulidad. "El juez no cumplió con su deber, y eso hace nulos todos los actos consecuentes que de él deriven", planteó. Para el defensor, el episodio configuró "una artera violación al derecho de defensa" y comprometió desde el inicio la legalidad de la prueba reunida.

El abogado también cuestionó la imparcialidad del fiscal Patricio Sabadini, a quien atribuyó frases vertidas en entrevistas periodísticas durante la etapa de instrucción. "Le voy a quitar hasta las ojotas a López", habría dicho el fiscal según Leiva, una expresión que el defensor consideró una ruptura del "deber de objetividad" exigido por la ley y una violación del "deber de lealtad procesal". En el mismo sentido, planteó la "inexistencia del delito" en lo referido a la presunta usurpación de la estancia El Timbó, al sostener que la propia fiscalía provincial descartó la ilegalidad de la explotación ganadera.

Leiva calificó lo ocurrido como "un estratagema deliberado" entre el juez de Instrucción y el Ministerio Público Fiscal, que a su criterio "constituye una grave situación casi delictual" del deber de los funcionarios intervinientes. Llegó a deslizar que esa actitud podría dar lugar a denuncias contra los magistrados involucrados. "Ese engaño procesal tiñe a todo el proceso de nulo y todas las pruebas, y este proceso queda absolutamente vacío", remarcó al pedir el rechazo de la acusación.

El alegato defensivo se da después del cierre de la fiscalía, a cargo del fiscal general Federico Carniel, que la semana pasada reclamó penas severas para los cinco integrantes de la familia: alrededor de 13 años y medio de prisión para Tito López, 13 años para su esposa Librada Beatriz Romero y 12 años para cada uno de sus hijos, David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López, todos como coautores de lavado de activos agravado. La sentencia se conocerá tras la última audiencia, prevista para este jueves.