Confirman el procesamiento del clan López por las tierras; Soneira queda fuera del fraude

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este jueves el procesamiento del dirigente piquetero Ramón Alberto "Tito" López y de su familia por el presunto fraude con casi tres mil hectáreas de tierras fiscales en el departamento General Güemes. En cambio, modificó la situación de la exministra Marta Soneira. Dejará de estar acusada por fraude y seguirá procesada solo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El tribunal resolvió así los recursos de las defensas contra la resolución del juez federal Ricardo Mianovich, titular del Juzgado Federal N°2. Es la causa residual de la investigación por lavado de dinero que en mayo terminó con la condena de López a 10 años de prisión y de su esposa y sus tres hijos a 9 años.

Los camaristas confirmaron como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y de asociación ilícita a López, referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio. La misma calificación alcanzó a su esposa, Librada Beatriz Romero; a sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López, y a D.L.A., también integrante del grupo familiar. Los embargos fijados en primera instancia quedaron firmes.

Según la resolución, las tierras estaban reservadas originalmente para un proyecto productivo del movimiento social. Sin embargo, distintos integrantes de la familia se presentaron el mismo día, el 23 de agosto de 2012, a declarar sobre parcelas colindantes. Varios invocaron que residían en los predios. Las inspecciones lo habrían desmentido: no encontraron a los permisionarios, sino a miembros del movimiento que se turnaban para cuidar el lugar.

En el caso de López, se valoró que tras obtener una parcela recibió otras dos como supuesta ampliación, aunque los planos indicaban que no eran contiguas. La defensa de Romero sostuvo que se la imputaba solo por ser su esposa. La Cámara rechazó ese argumento y señaló que la acusación se apoya en actos realizados a su nombre.

El fallo describe además una segunda etapa. En octubre de 2022 se constituyó el fideicomiso "La Alejandra Uno". En septiembre de 2023 se firmaron seis contratos de leasing sobre las once parcelas con los hermanos W.E.B. y D.H.B., todos el mismo día y ante la misma escribana. Para el tribunal, esa figura pudo funcionar como un "ropaje jurídico" para encubrir una operación prohibida por la ley provincial 471-P, que impide enajenar las tierras durante diez años.

Las fundaciones

La Cámara también convalidó, con el carácter provisorio propio de esta etapa, el tramo referido a las fundaciones "Dueños de la Raza", "Buen Vivir y Trabajo" y "Construyendo País". De acuerdo con los datos citados en la resolución, habrían facturado al Estado provincial más de 167 millones de pesos. No tendrían empleados registrados ni bienes a su nombre, y compartirían como sede el domicilio particular de la familia.

El cambio para Soneira

La situación de Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial y expresidenta del Instituto de Colonización, fue la que más varió. Los jueces dieron la razón a su defensa sobre la acusación por fraude. Concluyeron que las irregularidades administrativas no bastan por sí solas para demostrar un acuerdo delictivo entre funcionarios y particulares. Sostuvieron además que las pruebas no alcanzan el nivel de probabilidad exigido para atribuirles participación dolosa.

Sin embargo, mantuvieron el procesamiento por el artículo 248 del Código Penal. Se le reprocha haber firmado, como presidenta a cargo, tres resoluciones dictadas entre 2020 y 2021 que otorgaron títulos de propiedad a miembros de la familia. Una adjudicó tres parcelas a Daniel Orlando López y otra, dos parcelas a Ramón López. La tercera otorgó la parcela 1817. La Cámara consideró razonable la hipótesis de que las autoridades conocían, o pudieron conocer, que se desnaturalizaban los fines sociales de la tierra pública y que había concentración territorial, y aun así firmaron los actos.

La defensa de Soneira había planteado la incompetencia de la Justicia Federal. También sostuvo que la exfuncionaria actuó en actos reglados, respaldada por informes técnicos y por el principio de confianza, y que el Tribunal de Cuentas aprobó su gestión. La Cámara rechazó el planteo de incompetencia, que ya había sido resuelto en 2024 en la causa por lavado de dinero, y no encontró nulidades.

Por el cambio de calificación, el tribunal revocó los embargos de 100 millones de pesos dictados contra Soneira y los exfuncionarios provinciales Raúl John Paris y Cinthia Noemí Kaplan. Los consideró desproporcionados respecto de la imputación que subsiste, y el juez de primera instancia deberá fijar nuevos montos.

La resolución también confirmó el procesamiento de los hermanos Brua como coautores de fraude y el de la escribana M.L.A. como partícipe necesaria.

Soneira enfrenta además otra causa federal por la adjudicación de tierras fiscales, que tramita en Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí el juez Fernando Carbajal la procesó junto al exgobernador Jorge Capitanich por entregas de campos en el departamento Almirante Brown a empresarios vinculados comercialmente con su pareja.