La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia y pagó en efectivo
El viaje se realizó entre fines de 2024 y principios de 2025 y quedó incorporado al expediente judicial que analiza sus movimientos económicos.
La Justicia federal confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a Aruba junto a su familia a fines de 2024, en un dato que se incorpora como pieza clave dentro de la causa que investiga su patrimonio. La información fue aportada por la aerolínea en la que se trasladó el funcionario y validada por el fiscal Gerardo Pollicita.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, el viaje se realizó el 29 de diciembre de 2024, con regreso el 10 de enero de 2025, e incluyó escalas en Perú. Adorni estuvo acompañado por su esposa y sus hijos, en un traslado que quedó registrado dentro del expediente que analiza sus movimientos económicos y financieros.
Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que los pasajes, con un costo cercano a los 1.450 dólares por persona, habrían sido abonados en efectivo. Este dato se suma a otros elementos que la Fiscalía evalúa para determinar si los gastos del funcionario son compatibles con sus ingresos declarados.
La confirmación judicial se produce en paralelo a otras medidas de prueba, como el levantamiento del secreto fiscal y bancario, que permitirá acceder a detalles sobre consumos, transferencias y movimientos económicos de Adorni y su entorno familiar durante el período investigado.
El caso genera fuerte repercusión política, ya que involucra a uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei, en un contexto marcado por el ajuste económico y el discurso oficial de austeridad. La validación del viaje por parte de la Justicia refuerza las dudas sobre el manejo de recursos y la coherencia entre el discurso público y las prácticas privadas.
Mientras avanza la investigación, el expediente continúa incorporando pruebas sobre viajes, propiedades y gastos del jefe de Gabinete. La causa busca establecer si existió un incremento patrimonial injustificado, en un escenario que suma presión sobre el Gobierno nacional y abre nuevos interrogantes sobre la transparencia en la gestión.
