Javier Milei enviará al Congreso un acuerdo para finalizar el litigio con los últimos "fondos buitre"
El entendimiento alcanzado con los grupos Attestor y Bainbridge pone fin a uno de los juicios más prolongados en los tribunales de Nueva York. El proyecto de ley, que ingresará en los próximos días, busca evitar posibles embargos sobre activos estratégicos como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación
El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para ratificar el acuerdo alcanzado con dos de los fondos de inversión que mantenían litigios contra la Argentina en los tribunales de Nueva York. El entendimiento, comunicado formalmente a la jueza Loretta Preska el pasado 1° de abril, busca dar un cierre definitivo a las causas judiciales derivadas del default del año 2001 que todavía persistían tras los canjes de 2005, 2010 y el pago a los holdouts realizado en 2016.
Los demandantes involucrados en este nuevo pacto son el fondo Attestor (que encabeza un grupo junto a firmas como Trinity y White Hawthorne) y el fondo Bainbridge. Entre ambos, las acreencias originales sumaban cerca de 600 millones de dólares. Según informaron fuentes judiciales en diálogo con N9, este acuerdo extrajudicial permitió suspender las medidas cautelares y los pedidos de embargo que pesaban sobre activos de empresas estatales estratégicas, tales como YPF, Aerolíneas Argentinas y el Banco de la Nación Argentina.
El antecedente inmediato de este cierre se remonta al año pasado, cuando estos mismos fondos lograron ejecutar un embargo por 310 millones de dólares que el país tenía depositados en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos bonos Brady. Con ese pago parcial ya acreditado, las partes avanzaron en una negociación para saldar el remanente de la deuda bajo condiciones que el Ejecutivo considera necesarias para "ordenar el frente externo" y reducir los riesgos financieros de cara a futuras colocaciones de deuda.
Aunque el monto definitivo que se pagará se conocerá recién cuando el texto ingrese al Parlamento, especialistas del sector señalan que el acuerdo estaría por debajo del total reclamado originalmente por los litigantes. El debate legislativo asoma como un nuevo desafío político para la administración de Javier Milei, que deberá buscar consensos para convalidar las condiciones del pago de una deuda que ha atravesado múltiples ciclos económicos y administraciones de distinto signo político a lo largo de 25 años.
Desde el punto de vista procedimental, existe la posibilidad de que el Gobierno opte por un mecanismo de validación similar al utilizado anteriormente con compromisos internacionales, buscando una aprobación ágil en la Cámara de Diputados. El objetivo principal es extinguir las sentencias firmes que ya tenían los acreedores, las cuales otorgaban avales judiciales para avanzar sobre bienes del Estado nacional en el exterior, una amenaza constante para la seguridad jurídica de las empresas públicas.
Con este movimiento, el Ejecutivo busca cerrar uno de los últimos capítulos abiertos del default de 2001. Si bien más del 95% de los acreedores ya habían ingresado a reestructuraciones previas, estos remanentes continuaban generando ruidos en la calificación crediticia del país. La ratificación del Congreso será el paso final para determinar si la Argentina logra, finalmente, desvincularse de los tribunales de Manhattan por deudas contraídas hace un cuarto de siglo, consolidando así el proceso de normalización financiera impulsado por la actual gestión.
