Milei acusó a Alberto Fernández y a Pagano de demorar la liberación de la abogada detenida en Brasil
El presidente cuestionó la intervención del exmandatario y de la legisladora, a quien calificó de "irresponsables" por buscar rédito político con la situación de la letrada acusada de racismo en Río de Janeiro.

El presidente Javier Milei cuestionó duramente a su antecesor Alberto Fernández y a la diputada Marcela Pagano por su intervención en el caso de Agostina Páez, la abogada argentina que permanece con arresto domiciliario en Brasil desde hace dos meses, acusada de haber realizado gestos racistas en un bar de Ipanema. A través de su cuenta en X, el mandatario los calificó de irresponsables y sostuvo que actuaron en busca de una ventaja política, en un mensaje donde también recordó el manejo de la cuarentena durante el gobierno anterior.
Poco antes, el expresidente había admitido públicamente su participación en gestiones diplomáticas vinculadas al caso. Según relató en declaraciones radiales, se comunicó con distintos interlocutores para pedir que no se liberara a Páez sin juzgarla, pero que al mismo tiempo se tuviera en cuenta que el hecho no ameritaba una sanción tan severa. Por su parte, Pagano anunció que la abogada regresaría a la Argentina, destacó el rol de la letrada Carla Junqueira en la defensa y reveló que se presentó en la causa como fiadora solidaria de la joven, a quien describió como abandonada por el Gobierno.


Sin embargo, la salida de Páez del territorio brasileño todavía no está confirmada. La Fiscalía de Río de Janeiro, que en un principio no se oponía a flexibilizar las medidas cautelares, modificó su posición y solicitó que la abogada permanezca en Brasil hasta que el acuerdo judicial quede completamente definido. Según trascendió, restan definir algunos detalles del entendimiento que Páez firmó con el juez para cerrar la causa, lo que mantiene en suspenso su eventual regreso al país.
El caso se arrastra desde mediados de enero, cuando la letrada fue denunciada por presuntos actos discriminatorios contra empleados de un establecimiento gastronómico tras una discusión vinculada al cobro de la cuenta. Desde entonces, su situación judicial derivó en un proceso que ya le había impedido regresar a la Argentina y que ahora, además del foco penal, sumó un capítulo de confrontación política entre el oficialismo y referentes opositores.













