El Gobierno provincial buscará frenar la escrituración del Lote 88

El gobernador Leandro Zdero anunció que el Gobierno provincial solicitará la suspensión de la escrituración del Lote 88 en la localidad de Miraflores, al advertir que el avance del proceso en las condiciones actuales podría ocasionar un perjuicio irreparable para el municipio y sus habitantes. La presentación será impulsada a través de la Fiscalía de Estado, luego de un trabajo conjunto con el ministro de Gobierno, Julio Ferro, el intendente Rafael Frías y pobladores de la zona.

Según expresó el mandatario, la decisión apunta a descomprimir un conflicto que genera preocupación en la localidad y a evitar que la situación siga escalando. En ese marco, cuestionó el convenio suscripto durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich y sostuvo que ese acuerdo no contempló la vigencia de la Ley 3877/93, normativa que establece el ejido municipal de Miraflores. Además, remarcó que el proceso no contó con la participación del municipio, del Concejo Municipal ni de la Legislatura provincial.

Zdero también planteó que avanzar con la escrituración en estas condiciones implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo en facultades que corresponden exclusivamente a la Legislatura. En ese sentido, remarcó que la modificación del ejido municipal es una atribución reservada por la Constitución Provincial al Poder Legislativo, por lo que consideró que no puede alterarse ese marco a través de un convenio. Además, sostuvo que tampoco se puede afectar la autonomía municipal, garantizada por la Carta Magna chaqueña.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que continúan las conversaciones con todos los sectores involucrados para encontrar una salida dentro del marco legal vigente. En ese contexto, el Instituto de Tierras Fiscales analiza distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de ofrecer otras tierras de características similares. Finalmente, el gobernador insistió en la necesidad de suspender los plazos en curso para alcanzar una solución que otorgue seguridad jurídica y resguarde los derechos tanto de los habitantes criollos como de las comunidades originarias de la zona.