La Justicia rechazó frenar las audiencias por la Ley de Glaciares

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó el pedido de suspensión de las audiencias públicas convocadas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares. El juez Enrique Alonso Regueira entendió que las organizaciones demandantes no lograron demostrar la verosimilitud del derecho invocado ni encontró vicios manifiestos en la conducta del Congreso. De esta manera, las jornadas programadas para el 25 y 26 de marzo seguirán adelante con el formato establecido por el oficialismo.

La demanda había sido presentada el 19 de marzo por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Red Universitaria por la Crisis Climática, el Centro de Estudios de Políticas Ambientales (CEPA) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Las organizaciones cuestionaban que solo 200 personas de las más de 65.000 inscriptas podrán exponer en vivo durante cinco minutos cada una, mientras que el resto deberá limitarse a subir videos a YouTube. También reclamaban ampliar el cronograma, respetar el derecho a la intervención oral de todos los participantes y declarar la nulidad del formato dispuesto por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz.

El fallo consideró que el acto no generaría un perjuicio grave e irreparable para los participantes, dado que cuentan con vías alternativas de participación. Las audiencias mantendrán restricciones de acceso: solo podrán asistir los diputados integrantes de ambas comisiones, mientras que el resto de los legisladores quedará excluido. Tampoco se permitirá el ingreso de asesores, salvo dos representantes de cada secretaría parlamentaria partidaria.

El oficialismo busca evitar demoras en el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado. Desde La Libertad Avanza apuntan a que la iniciativa llegue al recinto en los primeros días de abril para destrabar inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en línea con la estrategia que el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio del período legislativo.