Escándalo por viajes de Adorni: la Justicia analiza pagos de empresas y particulares
Recibos en poder del juez Ariel Lijo revelan que los vuelos fueron pagados por una productora y un particular no identificado.
La Justicia federal investiga los vuelos privados que realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este junto a su familia, luego de que se confirmara que los viajes no habrían sido financiados con recursos propios. Según documentación incorporada a la causa, el vuelo de ida fue pagado por la productora Imhouse S.A., vinculada a un periodista de la TV Pública, mientras que el regreso formaría parte de un paquete abonado por un tercero cuya identidad no fue revelada.
Los comprobantes fueron entregados al juez federal Ariel Lijo por la empresa aérea Alpha Centauri S.A., y detallan que el tramo de ida tuvo un costo de 4.830 dólares, abonados en pesos. En tanto, el paquete de vuelos que incluye el regreso asciende a más de 40.000 dólares, una cifra que generó fuertes sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.
La investigación busca determinar si existió un posible delito de dádivas o enriquecimiento ilícito, teniendo en cuenta que el gasto en los vuelos "excede ampliamente" la capacidad económica declarada del funcionario, cuyo salario ronda los 3,5 millones de pesos mensuales. Para los investigadores, resulta clave establecer quién financió efectivamente los viajes y bajo qué condiciones.
En paralelo, la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita impulsó una serie de medidas de prueba, entre ellas la reconstrucción de la trazabilidad del dinero, el análisis de registros contables de la empresa aérea y la revisión de los planes de vuelo y controles migratorios. También se solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando para verificar los movimientos del funcionario y su entorno.
El caso se originó a partir de denuncias presentadas por diputados nacionales y se suma a otras causas en trámite contra Adorni en los tribunales de Comodoro Py, lo que podría derivar en una eventual unificación de expedientes. La polémica también se intensificó por las contradicciones públicas en torno a quién pagó el viaje, lo que incrementó las dudas sobre la versión oficial.
El episodio vuelve a poner en el centro de la escena al gobierno nacional, en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia y el uso de beneficios indebidos por parte de funcionarios. Mientras avanza la causa judicial, crecen las críticas políticas y los reclamos para que se esclarezca el origen de los fondos y se determinen eventuales responsabilidades.
