El Superior Tribunal frenó la "cláusula gatillo judicial" pero exhortó a mejorar el salario

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó al Poder Ejecutivo provincial que, "con carácter urgente y dentro de un plazo razonable", adopte las medidas normativas y presupuestarias necesarias para "garantizar la integridad del salario y asegurar la actualización adecuada de las remuneraciones docentes". La decisión, plasmada en la sentencia 70/26, fue firmada por los jueces Víctor del Río, Emilia Valle, Enrique Varela, Alberto Mario Modi e Iride Isabel María Grillo, en el marco de una acción de amparo impulsada por la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco contra el Ministerio de Educación y la provincia.

El fallo confirmó parcialmente la sentencia 112/25 de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, pero le quitó un punto clave: la modalidad concreta que ese tribunal había establecido para restablecer el pago de la cláusula gatillo al personal docente. Para el STJ, la Cámara "decidió en exceso de sus atribuciones, al establecer por vía judicial el sistema de actualización del salario docente, pues se subroga en facultades conferidas" al Poder Ejecutivo y al Legislativo. En otras palabras: los jueces no pueden reemplazar a los políticos en la definición de cómo se ajustan los sueldos públicos.

El tribunal recordó que la Constitución del Chaco y las leyes 647-A y 724-A reservan a los poderes políticos la potestad de fijar y modificar el régimen salarial. "La determinación del régimen remuneratorio y de los métodos de recomposición salarial es resorte exclusivo del Poder Legislativo y Ejecutivo", señalaron, y subrayaron que cualquier cambio en ese sistema "requiere una regulación legal que garantice la legalidad del gasto, la previsibilidad presupuestaria y el adecuado control del uso de los recursos públicos".

Sin embargo, el STJ fue explícito en que esta postura no significa mirar para otro lado ante el deterioro salarial. El tribunal consideró que la decisión de suprimir el mecanismo destinado a preservar los salarios "constituye una medida regresiva que afecta la garantía de una retribución justa y se aparta de los estándares internacionales". Además, reconoció que la tarea educativa "constituye una función esencial para el desarrollo integral de la sociedad" y que existen normas supranacionales que obligan al Estado argentino a "adoptar medidas positivas orientadas a preservar la integridad de la retribución, a fin de que las previsiones constitucionales no se tornen ilusorias".

El voto mayoritario fue el de del Río, Valle y Grillo. En disidencia parcial, Varela y Modi acordaron con todos los fundamentos pero propusieron ir un paso más allá: ejercer "jurisdicción positiva" y hacer lugar directamente al amparo de SITECH, disponiendo que el Ejecutivo actúe en un plazo razonable para restablecer la actualización salarial. La diferencia no era de diagnóstico sino de remedio: la minoría quería una orden más concreta y operativa.

En definitiva, el fallo deja al Ejecutivo y al Legislativo con una obligación clara pero sin un plazo ni un mecanismo fijado por la Justicia. El STJ eligió el camino de la advertencia constitucional antes que el de la imposición directa, siguiendo —según citó expresamente— el criterio de la Corte Suprema de la Nación de "promover la actuación coordinada de los órganos del Estado cuando se encuentran comprometidas garantías de raigambre constitucional". Ahora la pelota queda en la cancha política.