Vehículos oficiales truchos: cómo operó la organización que defraudó al Estado chaqueño durante casi una década

El Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, formalizó el requerimiento de elevación a juicio en la causa que investiga la transferencia irregular de vehículos oficiales del Estado provincial hacia particulares y empresas privadas. La maniobra, que habría operado desde al menos 2013, implicó la falsificación de anexos de decretos provinciales y la participación de funcionarios, comerciantes y efectivos policiales de Formosa.

Una irregularidad tipográfica que destapó todo

La investigación tuvo su punto de partida en junio de 2021, cuando Adrián Veleff, entonces encargado titular del Registro Automotor N°3 de Resistencia y actual presidente de Ecom Chaco, detectó de manera casual una anomalía en la documentación presentada para una transferencia de dominio.

"Como encargado del Registro del Automotor, en las inscripciones del automotor encontramos irregularidades", afirmó Veleff en declaraciones a Radio Nordeste. "Había una tipografía diferente a la del papel original", precisó, y explicó que ese detalle lo llevó a cotejar el documento con el sitio web oficial de la provincia, donde comprobó que los datos del vehículo y del adquirente no coincidían con el decreto original.

A partir de esa primera denuncia, otros titulares de registros automotores de Resistencia advirtieron maniobras similares, lo que permitió dimensionar la escala del fraude. "Son cientos los vehículos vendidos de forma irregular", señaló Veleff, aclarando que la operatoria incluía también motocicletas.

El mecanismo del fraude

Según la fiscalía, la maniobra consistía en tomar decretos provinciales auténticos que autorizaban subastas legítimas de rodados oficiales e insertar datos falsos en sus anexos: se modificaban los nombres de los compradores —reemplazados por prestanombres o por la empresa Solint SAS—, y se alteraban números de motor, chasis y dominios para que coincidieran con los vehículos que se buscaba transferir ilegalmente.

"Se certificaban con escribanos externos" a la Casa de Gobierno, explicó Veleff, lo que permitía completar el circuito formal ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. En ese esquema, el encargado del registro no tenía forma de detectar la adulteración, ya que su función se limitaba a verificar que la certificación notarial fuera válida, dando por sentado que el escribano había controlado la autenticidad del decreto subyacente.

"Eran vehículos en desuso y los transferían de forma irregular", precisó el denunciante, descartando que las fuerzas de seguridad estuvieran directamente involucradas en las ventas. Se trataría de rodados dados de baja por la Jefatura de Policía del Chaco que fueron aprovechados por la organización para su desvío.

Veleff describió la maniobra como "una organización para estafar al Estado", y subrayó que el patrimonio sustraído debería haber ingresado a las arcas públicas: "El producto de esas subastas normalmente se destina a entidades de bien público. Era el patrimonio de todos los chaqueños que algunos pillos se llevaban vilmente".

Uno de los elementos que reforzó la hipótesis de una estructura organizada fue la reiteración de ciertos compradores. "Había empresas que compraban permanentemente los vehículos", indicó Veleff, lo que sugería una demanda sistemática y no operaciones aisladas.

Otro dato llamativo surgió del contexto de la pandemia de COVID-19: algunos de los vehículos involucrados contaban con verificaciones policiales realizadas en la provincia de Formosa en pleno período de aislamiento, cuando el gobernador de esa provincia había bloqueado completamente el acceso a su territorio. "Esta gente tenía las verificaciones de los vehículos realizadas en Formosa en plena pandemia. Más claro, echarle agua", graficó el denunciante.

Esa circunstancia apuntaba directamente a dos de los imputados: los sargentos de la Policía de Formosa Daniel Alejandro Rojas y Marcos Teófilo Vargas, a quienes se les imputa haber certificado los Formularios 12 de verificación policial sin tener los vehículos físicamente a la vista.

Los cinco imputados

El fiscal Sabadini solicitó al juez de Garantías 2, Ricardo Mianovich, que eleve la causa a juicio oral contra cinco personas acusadas de integrar una asociación ilícita y cometer delitos de falsedad ideológica y uso de documentos adulterados.

Entre los imputados figura Lidia del Carmen Costas, exdirectora General de Gestión de Bienes de la provincia, señalada por haber certificado los anexos falsificados de los decretos de subasta en su carácter de funcionaria pública. También está Santiago Daniel Dellacasa, comerciante y titular de la empresa Solint SAS, identificado como uno de los principales beneficiarios de las transferencias ilegales, y Mario Orlando Bistman, empleado público y mandatario, quien habría decidido qué bienes iban a subasta y gestionado los trámites ante el registro automotor. Héctor Dellacasa, hermano de Santiago y también imputado en la causa, falleció en diciembre pasado, por lo que el proceso penal a su respecto se extinguió.

Veleff fue cauteloso al referirse a los vínculos políticos de los imputados: "Calculo que eran más gente vinculada con la cuestión más técnica administrativa que política. Pero eso es lo que se ve en el papel crudo. Después, la realidad... nosotros no somos investigadores para poder determinar si y hasta dónde llega y alcanza esto".

"Todo arrancó en el 2013"

La investigación determinó que las primeras operaciones con esta modalidad se registraron alrededor de 2013, aunque la causa se concentra formalmente en hechos ocurridos entre 2016 y 2021. "Todo arrancó en el 2013", confirmó Veleff, señalando que ese habría sido el caso número uno con esta modalidad operativa.

Para el denunciante, el pedido de elevación a juicio representa un paso relevante en la protección del patrimonio público. "Me parece muy importante para proteger siempre los bienes del Estado", afirmó, y recordó que su denuncia original respondió también a la necesidad de preservar la función del registro automotor como eslabón de control en el sistema de transferencias: "Para que no exista lo que en derecho se conoce como una estafa procesal, donde a un juez o a una determinada persona se lo induce a formalizar un error".

La causa quedó ahora en manos del juez Mianovich, quien deberá resolver si hace lugar al requerimiento fiscal y envía a los cinco imputados a juicio oral y público.