Santilli sale a negociar con los gobernadores por las cajas jubilatorias de cara a la reforma política

El Gobierno nacional pone en marcha esta semana una serie de reuniones bilaterales con gobernadores para avanzar en la resolución del conflicto por las cajas jubilatorias provinciales no transferidas. El ministro del Interior, Diego Santilli, será quien encabece esas conversaciones: recibirá a algunos mandatarios en la Casa Rosada y viajará a distintas provincias para reunirse con otros. La movida responde a una estrategia más amplia del oficialismo, que busca acomodar el vínculo con las provincias antes de abrir una nueva etapa de negociación legislativa centrada en la reforma política, un proyecto que todavía no tiene versión definitiva y cuyo borrador final se presentaría el martes en la mesa política del partido gobernante.

El eje de la discusión pasa por el frente previsional. Son 13 las provincias que conservan sus propias cajas jubilatorias, y desde 2024 la Nación dejó de enviarles los anticipos automáticos con el argumento de que primero debían completarse las auditorías técnicas de la ANSES para determinar cuánto correspondía compensar. Ese escenario, sin embargo, ya empezó a cambiar: al menos seis provincias lograron cerrar convenios parciales o esquemas de financiamiento con el Gobierno central. Córdoba fue la primera, con un acuerdo firmado en mayo de 2025 que fijó un flujo mensual de 5.000 millones de pesos mientras se avanzaba con las auditorías, monto que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se duplicará a partir de mayo de 2026. Entre Ríos y Chaco sellaron en octubre de 2025 anticipos por 48.000 y 40.000 millones respectivamente, La Pampa acordó en diciembre de ese año un convenio por 62.500 millones, Neuquén firmó en febrero de 2026 un anticipo de 48.000 millones pagadero en 12 cuotas y Misiones rubricó en marzo un esquema para comenzar a cobrar parte de lo adeudado.

El caso más complicado es el de Santa Fe. La provincia gobernada por Maximiliano Pullaro rechazó la propuesta del Ejecutivo por considerarla insuficiente y mantiene abierto un reclamo judicial ante la Corte Suprema. La postura santafesina es clara: no está dispuesta a resignar fondos ni a convalidar un recorte en los giros mensuales, y considera que la resolución de la deuda previsional es condición necesaria para retomar un diálogo político más fluido con Buenos Aires. Para el Gobierno, destrabar esa situación es una de las prioridades de la semana.

El dato técnico que tanto Nación como las provincias siguen de cerca es el vencimiento de los plazos de auditoría. En el caso cordobés, el acuerdo de 2025 estableció que durante su vigencia debían conciliarse las revisiones de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, un proceso que distintas fuentes provinciales ubican como próximo a cerrarse. En la Casa Rosada sostienen que el resultado de esas auditorías será lo que marque el ritmo de los próximos acuerdos y la eventual ampliación de los anticipos al resto de las provincias.