Narcotest para la política correntina: "Viven de joda y todos saben quién consume"

La Legislatura de Corrientes comenzó a analizar un proyecto que impulsa la implementación de un narco test obligatorio, anual y aleatorio para funcionarios de los tres poderes del Estado. La iniciativa también alcanzaría, según lo planteado, a quienes sean candidatos en períodos electorales y busca presentarse como una herramienta orientada a reforzar la transparencia institucional mediante controles toxicológicos con protocolos sanitarios, confidencialidad y posibilidad de contraprueba.

Sin embargo, el debate abierto en la provincia va más allá de la cuestión técnica o médica. En conversación con N9, el periodista correntino Wilfredo Oviedo sostuvo una mirada fuertemente crítica sobre el proyecto y puso el foco en su trasfondo político. "Suena más a circo", expresó desde las afueras de la Legislatura, donde además consideró que la iniciativa aparece en un contexto atravesado por internas, sospechas y disputas de poder dentro de la dirigencia correntina.

De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, la propuesta apunta a que todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se sometan a controles toxicológicos, en principio bajo un esquema aleatorio. Oviedo señaló que todavía resta conocer cómo avanzará el tratamiento parlamentario y qué posición adoptarán los distintos sectores políticos. En ese marco, advirtió: "Es un debate que creo no se va a dar", al poner en duda que la discusión avance de manera profunda dentro del recinto.

El periodista también vinculó la aparición de este proyecto con un problema de fondo relacionado con la credibilidad del propio Estado. Según planteó, cuando la política necesita examinar a su propia dirigencia para verificar su conducta, el problema deja de ser únicamente sanitario y pasa a ser institucional. "No reina la democracia, reina la hipocresía", afirmó, al cuestionar lo que considera una diferencia entre los discursos públicos sobre control y la aplicación concreta de esas medidas sobre actores con poder.

En ese sentido, Oviedo sostuvo que la discusión no debería agotarse en los análisis toxicológicos, sino ampliarse a otros planos vinculados a la responsabilidad pública y los resultados de gestión. También remarcó que el eventual control sobre funcionarios abre interrogantes sobre el papel del Estado en la prevención, la sanción y la igualdad ante la ley. "¿Qué rol va a tener el Estado?", se preguntó, al insistir en que la eficacia de una norma de este tipo dependerá no solo de su redacción, sino de la manera en que se aplique en la práctica.

Mientras el proyecto comienza su recorrido legislativo, el tema ya instaló un debate sensible en Corrientes sobre control, transparencia y poder político. Para algunos sectores, la iniciativa puede ser leída como una señal preventiva o un gesto institucional; para otros, como una admisión implícita de desconfianza dentro de la propia estructura estatal. En ese contexto, una de las frases más contundentes de Oviedo resumió su postura frente a la propuesta: "Esto no se trata de transparentar nada". El futuro parlamentario del proyecto y la reacción del oficialismo serán claves para determinar si la iniciativa avanza o queda archivada sin mayores definiciones.