Hay noticias que, por su dimensión estratégica, merecen mucho más espacio del que habitualmente se les otorga en los medios. El lanzamiento del Escudo de las Américas —o Shield of the Americas, como lo llaman en Washington— es una de ellas. No estamos ante un simple comunicado diplomático ni ante un gesto retórico de la Casa Blanca. Estamos ante un reordenamiento geopolítico de primer orden en el hemisferio occidental, con consecuencias directas para la Argentina y para toda la región.
La doctrina Monroe vive y tiene nombre propio
Para entender qué es el Escudo de las Américas, primero hay que entender el contexto en el que nace. Estados Unidos lleva años observando con preocupación el avance de China en América Latina: inversiones en infraestructura, acuerdos comerciales, presencia diplomática. Ese avance desafía un principio que Washington considera casi sagrado desde el siglo XIX: el continente americano es su zona de influencia. La llamada doctrina Monroe —que originalmente apuntaba a alejar a las potencias europeas del hemisferio— hoy se reactiva frente a Beijing.
Muchos analistas ya hablan de una "doctrina Donrow", jugando con el nombre de Donald Trump, para describir esta versión renovada y mucho más agresiva de aquella vieja política exterior estadounidense. Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han sido explícitos: América es de los americanos —léase, del liderazgo de Washington— y ese espacio no está disponible para disputas de potencias externas.
Diez países, un patrón ideológico
El Escudo de las Américas convocó a diez países: Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Chile y otros, todos con algo en común. Sus líderes son de derecha, centroderecha, conservadores, liberales o libertarios, con una postura punitivista frente al crimen organizado. Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, Santiago Peña, José Antonio Kast: el mapa ideológico es tan uniforme que resulta imposible ignorarlo.
Ahí aparece la primera gran paradoja de esta iniciativa: México y Colombia —los dos países que históricamente más han sufrido la penetración narco en sus instituciones y en su tejido social— no fueron invitados. Y no lo fueron porque sus líderes, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, tienen una orientación ideológica de centroizquierda o izquierda, alineada con lo que suele llamarse el campo bolivariano o progresista latinoamericano.
La contradicción es evidente y vale la pena nombrarla. Colombia, con el Plan Colombia, y México, con la Iniciativa Mérida, son probablemente los dos casos más emblemáticos de cooperación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico en toda la historia latinoamericana. Décadas de colaboración, miles de millones de dólares, operativos conjuntos, inteligencia compartida. Sin embargo, hoy quedan afuera de esta nueva coalición. La razón, claramente, no es la eficacia en la lucha contra el narco: es la afinidad política.
El narco como actor económico: lo que nadie quiere decir
Cuando se habla de narcotráfico, la conversación suele centrarse en la violencia, en los cárteles, en los sicarios. Pero hay una dimensión que pocas veces recibe el tratamiento que merece: la económica. Colombia, Perú y Bolivia explican virtualmente la totalidad de la producción mundial de cocaína: más del 60% proviene de Colombia, alrededor del 27% de Perú y el resto de Bolivia. Para estos países, el narcotráfico representa entre el 2,5 y el 5% del PBI. Para ponerlo en perspectiva: en Argentina, toda la industria energética —petróleo, gas, electricidad— representa apenas el 4% del producto bruto.
México, que no produce cocaína sino que es un país de tránsito, ya tiene en los cárteles a uno de sus cinco mayores empleadores nacionales, con entre 160.000 y 190.000 miembros activos según estimaciones recientes de la revista científica Science. Estamos hablando de economías paralelas, de estructuras de poder que compiten con el Estado, de actores con capacidad de condicionar políticas públicas, elecciones y hasta sistemas judiciales enteros.
Atacar al narco sin pensar qué hacés con esa masa laboral es atacar un síntoma sin tratar la enfermedad. La pregunta no es solo cómo se derrota al cártel, sino qué se le ofrece a la gente cuando el cártel ya no esté.
¿Alianza militar real o gesto político?
La pregunta que muchos se hacen es si esta alianza tendrá músculo real o quedará como declaración de principios. Mi lectura es que hay voluntad genuina detrás. Trump, Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth han demostrado, a veces con una contundencia que roza lo prepotente —lo digo en sentido descriptivo, no peyorativo—, que tienen intención de usar sus capacidades militares para moldear la región.
Lo que plantea concretamente el Escudo de las Américas es intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas, ataques coordinados a infraestructura criminal y, en última instancia, asistencia militar directa para aquellos países miembros que la requieran frente a los cárteles. Su brazo operativo, la Coalición Anticárteles Americana (ACCC), es la traducción práctica de esa ambición.
La reciente captura del Mencho en México ilustra perfectamente la dinámica en juego: una operación que involucró colaboración de inteligencia y participación operativa estadounidense, aunque México no forme parte de la coalición formal. Eso revela que el pragmatismo de la seguridad real a veces avanza en paralelo —y en tensión— con la arquitectura política del momento. Habrá que ver si Trump logra conciliar esos dos ejes a medida que la iniciativa madure.
El Escudo de las Américas no es solo una operación policial a escala continental. Es una señal de época: la reconfiguración del mapa de poder en el hemisferio, con Argentina en un lugar central por ser la economía más grande del bloque. Lo que pase en los próximos meses determinará si esta coalición se convierte en un instrumento real de transformación regional o queda como otro capítulo más de la geopolítica de gestos. Por ahora, la voluntad está. La ejecución, todavía está por verse.
