Diputados acordó convocar a sesión el jueves 12 para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil
La Cámara Baja fue convocada para una sesión clave este 12 de febrero. El debate se centrará en la modificación de la ley de imputabilidad, un proyecto impulsado por el Gobierno tras recientes hechos de violencia que involucraron a menores.
En un clima de creciente tensión legislativa, la Cámara de Diputados de la Nación oficializó el llamado a una sesión especial para el próximo jueves 12 de febrero. El objetivo central será el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que busca reformar de manera estructural el abordaje judicial sobre los delitos cometidos por menores de edad.
La hoja de ruta quedó definida tras una reunión en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara, donde se terminaron de delinear los detalles del cronograma legislativo. El texto que llegará al recinto fue "reflotado" políticamente por el Ejecutivo, cobrando un nuevo impulso tras el impacto social generado por el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, un crimen que tuvo a adolescentes como protagonistas.
Puntos de fricción
A pesar de la voluntad del oficialismo y sectores aliados por avanzar rápidamente, la convocatoria no estuvo exenta de cruces. Desde los bloques de Unión por la Patria y el FITU manifestaron su rechazo al cronograma planteado por Menem, cuestionando la celeridad del tratamiento.
Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) hizo un llamado a la prudencia durante las negociaciones, solicitando que el debate no se lleve adelante "a las patadas", enfatizando la necesidad de un análisis profundo dadas las implicancias sociales y jurídicas de bajar la edad de imputabilidad.
El contexto
Mientras Diputados se prepara para este debate, el Senado mantiene su propio ritmo con la Reforma Laboral, lo que marca una semana de alta intensidad en el Congreso. La sesión del jueves será un termómetro para medir las alianzas parlamentarias del Gobierno en un tema que divide aguas: la mano dura frente a la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley.
De aprobarse, el proyecto pasará a la Cámara Alta, acercando al oficialismo a una de sus promesas de campaña en materia de seguridad ciudadana.
